La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó una vez más al Estado de Nicaragua a «suprimir» las detenciones arbitrarias contra los opositores e insistió en que el Gobierno debe ordenar de forma inmediata una investigación que permita identificar y castigar a los responsables de malos tratos y torturas contra los privados de libertad en el contexto de la crisis política y social iniciada en el 2018.
En un amplio informe denominado «Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018» la CIDH señala que uno de los factores que ha agravado la situación de los privados de libertad opositores o presos políticos, es que en el país no existe independencia de los poderes del Estado, por lo tanto, el Poder Judicial tampoco es independiente y eso ha permitido que los opositores sean criminalizados, enjuiciados y encarcelados en procesos anómalos.
Noticia relacionada: Policía presenta «pruebas ridículas» contra los presos políticos Danny García y William Caldera
«La falta de independencia del sistema de justicia nicaragüense ha facilitado la continuación de la persecución judicial y criminalización contra las personas manifestantes, campesinos, estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas opositoras al gobierno. Especialmente, por la apertura de procesos judiciales bajo cargos infundados mediante formatos de acusación preestablecidos, fabricación y/o manipulación de pruebas, afectaciones al derecho a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, la centralización de los procesos y juicios penales, así como el uso generalizado de la prisión preventiva y condenas a penas desproporcionadas», reza el informe de la CIDH.
Asimismo, la CIDH indica que el Gobierno de Daniel Ortega debe «suprimir» la práctica de detener a personas de manera arbitraria sin mandamiento escrito de funcionario expresamente facultado por la ley ni en flagrancia de algún delito, en contravención al artículo 33, numeral 1 de la Constitución Política de Nicaragua. y además pide al Estado que inicie «de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables de malos tratos y tortura. Dicha investigación debe realizarse por todos los medios legales disponibles, estar orientada a la determinación de la verdad, y conducirse dentro de un plazo razonable. Asimismo, debe regirse por los principios de independencia, imparcialidad, competencia, diligencia y acuciosidad».
Noticia relacionada: Cenidh advierte que ley de prisión perpetua agudizará la represión
El organismo de derechos humanos hace hincapié en que la independencia del Poder Judicial y su clara separación respecto de los otros Poderes del Estado debe ser respetada y garantizada.
Violaciones sexuales en las cárceles
En cuanto al tratamiento que han recibido las presas políticas, la CIDH advierte «con preocupación» que las mujeres presas políticas han enfrentado violaciones a sus derechos humanos agravadas en razón de su género, como condiciones de hacinamiento, falta de acceso a atención médica, alimentación inadecuada, castigos y otras represalias y hasta han sido víctimas de violencia sexual.
«Asimismo, (la CIDH) documentó actos de violencia sexual y violación sexual que pueden ser considerados como actos de tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante. Particularmente, la CIDH advirtió la existencia de patrones comunes en los hechos de violencia sexual registrados contra las mujeres detenidas, los cuales indicarían que fueron perpetrados como una herramienta adicional de castigo, represión y humillación en el marco de la respuesta violenta del Estado, especialmente cuando eran identificadas como lideresas o por haber prestado ayuda a las personas heridas en las manifestaciones».
Noticia relacionada: CIDH otorga medidas cautelares a 41 presos políticos en manos de Ortega
El informe del organismo internacional defensor de los derechos humanos señala que las detenciones arbitrarias contra los opositores «fueron realizadas por agentes de la Policía Nacional y/o grupos parapoliciales, de manera masiva, selectiva y múltiple; con un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza que incluyó la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de tortura. Asimismo, las detenciones incluyeron actos de estigmatización, exposición mediática, persecución y criminalización. Dichos hechos resultan en graves violaciones a los derechos a la libertad e integridad personal consagrados en la Convención Americana».
Asimismo, el documento indica que las investigaciones del organismo regional han establecido que las personas que estuvieron privadas de su libertad en el contexto de las protestas sociales «han sufrido afectaciones emocionales, psicológicas, físicas y económicas que todavía continúan, expresándose en diferentes aspectos de su vida». Además, el martirio no termina con la excarcelación pues una vez puestos en libertad siguen sufriendo acoso policial y estigmatización de parte de simpatizantes del Gobierno.
Noticia relacionada: Amenazan con «represalias» a presos políticos si familiares denuncian actos de violencia en «La Modelo»
La entidad continental llama al gobierno nicaragüense a adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los casos de violencia contra las mujeres, y en particular los casos de violencia sexual sean investigados de acuerdo al principio de debida diligencia reforzada, de manera oportuna, completa, imparcial y sin estereotipos de género en consideración de los factores como su identidad cultural, origen étnico-racial, sexo, género, edad y otros, y que las personas responsables sean debidamente castigadas, y que las víctimas reciban reparaciones de manera comprehensiva.
Además, entre las recomendaciones que deja establecidas en su informe, la CIDH vuelve a insistir ante el régimen de Daniel Ortega que debe «poner en libertad a las personas que hayan sido detenidas en el contexto o con ocasión a las protestas o disidencia política, de manera ilegal o arbitraria, y que a la fecha de notificación al Estado del presente informe se encuentren detenidos».