La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC) hizo un llamado a la sensatez a Daniel Ortega y su régimen ante las «graves consecuencias económicas» que provocaría la aplicación de la reforma a la Ley del Consumidor que impulsa su administración.
Los directivos de los medios aseguran que esos documentos se encuentran manipulados, incluso en uno de ellos está un código de barra al revés y un sombreado y tipografía diferente al resto de la referencia.
«Las afectaciones al sector agropecuario se presentarían en los diferentes eslabones de la cadena que lo conforman, incluyendo el acceso al financiamiento de pequeños, medianos y grandes productores, cuyos rubros de exportación proceden de este sector, incluyendo el acceso al exterior para la compra de insumos y maquinaria agrícola», señala el comunicado emitido este jueves, cuatro de febrero.
Los productores advierten que la aprobación y correspondiente sanción de la Ley de las Reformas y Adición a la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias conllevaría el posible cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, lo que arrastraría la falta de acceso a insumos agropecuarios, semillas, maquinarias que forman parte de nuestra actividad, provocando la caída de la producción, la pérdida de empleos y el cierre de empresas.
«Durante el 2020, las exportaciones totales generaron divisas por un monto de 2,952.69 millones de dólares para la economía del país, de las cuales el 70% son de origen agropecuario. Reiteramos que, esta reforma arriesgaría el financiamiento que el sector necesita para mantener la productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria de los nicaragüenses», añadieron.
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UPANIC se sumó así al llamado del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y otros sectores empresariales y financieros que se han pronunciado en contra de la Ley de Ortega. Según expertos, esta norma busca que los bancos se vean en la obligación de mantener abiertas las cuentas bancarias de los sancionados sandinistas, lo que arriesgaría al país a caer en la lista negra del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y excluirlo del Sistema Financiero Global.
