Reforma a la Ley del Consumidor apunta a «destrabar» restricciones a los sancionados

La Asamblea Nacional «cocina» otra ley que, ahora, pretende otorgar al Estado mayor autoridad para, posiblemente, destrabar las restricciones de los sancionados por Estados Unidos, obligando a los bancos prestar servicios y mantener abiertas las cuentas de los acusados, lo que pone en riesgo que Nicaragua pase de la lista gris a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), alertaron expertos.

La iniciativa de Ley de reforma y adición a la Ley 842 «Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias» se encuentra en proceso de consultas en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, luego de ser presentada por diputados sandinistas el 25 de enero.

La citada iniciativa «promueve prácticas que incitan el lavado de dinero, nos ponen en riesgo como país de pasar de la lista gris en que nos encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo que ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito», advierte parte de la carta de rechazo enviada por la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) con fecha 28 de enero.

Asobanp detalla que la reforma a los artículos 9 numeral 10 y 25, artículo 54, la adición al artículo 6 numeral 33 y el artículo 120, especificamente, violan el derecho constitucional de libre empresa, desconocen las políticas internas de las instituciones financieras sobre prevención de lavado de dinero y establece discrecionalidad para la Superintendencia de Bancos (Siboif) y el Banco Central.

La carta firmada por el presidente de Asobanp, Juan Carlos Argüello, con copia a la Siboif, Banco Central y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sostiene que la iniciativa del régimen «transgrede el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quién iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o consumidor».

El economista Maykell Marenco señaló que la iniciativa es «inadmisible» porque propone que el Estado tiene la obligación de crear condiciones de ser «árbitro» y «afectado». «Estamos hablando que ante un eventual conflicto, quien emite la sanción o multa sería el Estado, el afectado sería el Estado y el juez también sería el Estado. Es como una especie de caballo de Troya porque, a través de nombres bonitos (Ley del Consumidor), posiciona al Estado con un beneficio más», aprovechando la estructura jurídica y legislativa, indicó.

Ante la posibilidad de que el régimen de Daniel Ortega persiga que las instituciones financieras faciliten los trámites a las personas o instituciones sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el economista indicó que «es posible» porque la iniciativa «deja vacíos».

«Por ejemplo, la iniciativa menciona el tema de la no discriminación política y eso puede abarcar aspectos como una persona, una institución u organización que ha sido sancionada podría ser «discriminada» por ese aspecto y entra en el espectro de razones políticas. Es bastante discrecional», manifestó Marenco.

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El expresidente del Consejo Superior de la Empresa privada (Cosep), José Adán Aguerri, compartió en sus redes sociales que «el régimen usará Ley de Consumidores para forzar a los bancos a reabrir cuentas a los sancionados».

Marenco advirtió que la reforma podría conllevar a la pérdida de confianza del sector privado; el decaimiento de la imagen país de Nicaragua y afectaciones al sistema financiero.