La Cámara de Comercio Americana en Nicaragua (Amcham) indicó este lunes, 1 de febrero, que la iniciativa de reforma a la Ley del consumidor generaría afectaciones económicas y sociales a las empresas y familias nicaragüenses, e instó a la Asamblea Nacional que revise de manera integral la nueva pretensión sandinista.
«Esta iniciativa afectaría directamente la importación y exportación de productos y servicios de parte de la pequeña, mediana y grande empresa, ya que las leyes locales del país estarían en conflicto con las normas financieras internacionales que permiten el comercio y el flujo de dinero a nivel mundial», señala el comunicado de la cámara presidida por Rodrigo Zamora Terán.
La iniciativa que despertó la alarma en otros actores del sector privado, pretende obligar a las instituciones financieras mantener abiertas las cuentas bancarias de las personas sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corruptos y/o violadores de derechos humanos, lo que pone en riesgo al país, según economistas.
Va en contra del principio constitucional de libre empresa y libre contratación entre los actores económicos del país, e incrementará el riesgo país, lo cual «haría aún más difíci promover la inversión local y extranjera y por ende la generación de más empleo y progreso social», indica Amcham.
Noticia relacionada: Reforma a la Ley del Consumidor apunta a «destrabar» restricciones a los sancionados
«A su vez, pone en riesgo directo la posibilidad de que un nicaragüense pueda recibir una remesa familiar, siendo este una de las principales fuentes de ingresos para cienes de miles de nicaragüenses», avisa.
La iniciativa de Ley de reforma y adición a la Ley 842 «Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias» fue dictaminada a favor este lunes por los diputados sandinistas de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.
El diputado sancionado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión, justificó que «cualquier afectación de cualquier tipo contra el Estado y sus instituciones no es una afectación a las instituciones, es una afectación a todos y cada uno de nosotros como nicaragüenses porque el Estado es el que está llamado a garantizar la provisión de bienes y servicios al pueblo de Nicaragua, entonces cualquier acción que venga a entorpecer la finalidad del Estado viene a afectar a más de 6.3 millones de nicaragüenses».
Agregó que un servicio financiero «no se le puede negar en base a un argumento que sea discriminatorio, como lo establece la Constitución Política, ya sea por motivo de edad, sexo nacionalidad, origen étnico, religioso, opinión política». Se prevé que la iniciativa sea aprobada esta semana por la Asamblea sandinista.
