La Coalición Nocional (CN) dio a cocer que, en caso que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo convoque a los partidos políticos para discutir las reformas electorales, el Partido de Restauración Democrática (PRD), como miembro de ese bloque opositor, está avalado para participar.
«(El) PRD cuenta con aval de Coalición Nacional para asistir a convocatoria de Ortega sobre reformas electorales«, dice un comunicado dado a conocer por la CN este fin de semana.
El precandidato presidencial por el PRD, Miguel Mora Barberena, quien es miembro de la Coalición, confirmó a Artículo 66 que, efectivamente, están preparados para asistir a una posible convocatoria de Ortega a los partidos políticos para sentarse a discutir las reformas electorales que den garantías para un proceso de elecciones transparente y aseguró que no van a ir a negociar nada con la dictadura sino a exigirle que cumpla con las reformas que ya fueron consensuadas dentro de la Coalición, y que fueron firmadas incluso por la Alianza Cívica, además, van a exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados en marzo del 2019.
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«No vamos a negociar nada, estamos comisionados y avalados por la Coalición, de la que somos miembros, para ir a exigir el cumplimiento de la reforma consensuada dentro de la CN, que fueron firmadas incluso por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y que además son la base para la resolución de la Organizaciones Estados Americanos (OEA), y que se cumpla el acuerdo de marzo de 2019 que el propio Gobierno firmó y debe cumplir que es la libración de todos los presos políticos, garantías para un regreso seguro y con plenos derechos de los más de cien mil exiliados y la restauración de nuestras libertades públicas y políticas que han sido conculcadas por la dictadura. Esa es la posición de la Coalición Nacional y el PRD es el vocero y su representante (en las posibles negociaciones)», dijo el exreo político Miguel Mora a quien el régimen Ortega-Murillo le confiscó de manera arbitraria el medio de comunicación 100% Noticias.
Referente a los posibles delegados que asistirían, en caso de darse la convocatoria del régimen para la reunión con los partidos políticos, Mora adelantó que «el PRD es una institución política-partidaria con personería jurídica y tiene sus autoridades y su representante legal es el reverendo Saturnino Serrato».
Alianza Cívica confiará sus exigencias de reformas al CxL
Por su parte, el director ejecutivo de la ACJD, José Dávila, dijo que en caso que CxL sea convocado por el régimen para discutir reformas electorales, la Alianza Cívica le expresará al partido político con el que son aliados, cuáles son las aspiraciones de reformas que buscan.
«CxL ya ha fijado cuáles son las reformas electorales que piden. La OEA también expresó cuáles son las reformas que interesa y en nuestro caso, la Alianza (Cívica) también ha expuesto cuales son las reformas electorales que nos interesan para evitar otro fraude, como el cambio de magistrados, la observación internacional, la depuración del padrón, que el conteo de los votos sea en vivo. La AC no es partido Político, no tiene personería jurídica, por lo tanto, dada la alianza con CxL, me imagino, nadie me lo ha dicho, pero me lo imagino, que si ellos son convocados, les expresaremos cuales son nuestras aspiraciones de las reformas, en el marco de la alianza que tenemos. De igual forma confiamos que todos los que participen llevan la conciencia que tienen que proponer reformas que eviten un nuevo fraude y que permitan un proceso limpio y transparente», dijo Dávila, quien recientemente fue nombrado al frente de la AC, en sustitución de Juan Sebastián Chamorro, que renuncio para dedicarse a su precandidatura presidencial.
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Explicó que básicamente, al igual que CxL y otros actores políticos, están exigiendo al Gobierno que aplique las reformas recomendadas por el OEA en la resolución de 21 de octubre del 2020 en la que insta al régimen de Daniel Ortega a implementar reformas electorales que garanticen un proceso electoral transparente, a más tardar en mayo del presente año. Las elecciones generales en las que se elegirán al presidente, vicepresidente, 90 diputados entre nacionales y departamentales, y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), están previstas a celebrarse el domingo 7 de noviembre del año en curso.
En su última resolución referida al caso de Nicaragua, la OEA emitió una resolución denominada «Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas», y en ella, el organismo regional solicita a la Secretaría General de la OEA que apoye «negociaciones incluyentes y oportunas entre el Gobierno de Nicaragua y los actores nacionales que representan a la oposición nicaragüense en torno a medidas de reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables, y que preste asistencia técnica para su implementación a fin de promover elecciones libres y justas».
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La OEA también insta a la «modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable», así como la actualización del padrón electoral y que se garantice la observación electoral nacional e internacional, además pide que se garantice un proceso político pluralista «que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos. Incluidos los derechos de libertad de reunión pacífica y libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos».
El régimen de Daniel Ortega ha dado a entender en diferentes ocasiones que podrían impulsar reformas electorales «técnicas», pero que serían consensuadas con partidos políticos que posean personería jurídica, lo que deja fuera a las organizaciones opositoras surgidas a raíz de la rebelión popular del 2018.
