El análisis crítico avanza gracias a los herejes, los soñadores, los desengañados, los rebeldes y los suspicaces.
¿Cuál es el balance del 2020 del régimen Ortega-Murillo? En el 2020 hemos tenido tres grandes condicionantes. El primer elemento es la permanencia de la cultura política tradicional que se expresa en el «Síndrome de Pedrarias»: autoritarismo, corrupción, nepotismo, enriquecimiento ilícito, Estado-Botín, etcétera. El segundo elemento es la inesperada desgracia de la pandemia con sus consecuencias económicas y sociopolíticas. De acuerdo con los datos preliminares del régimen, el golpe económico provocado por la pandemia será menor al originalmente previsto, aunque ello no quita negatividad del impacto. El tercer elemento ha sido la furibunda, frenética y constante represión contra los ciudadanos y la violación constante de los derechos humanos.
Entre el 2007 y 2020, el régimen no ha hallado la fórmula para mejorar el funcionamiento del sistema productivo, hecho que tiene su reflejo en la precarización del mercado laboral. La irrupción de la rebelión de abril 2018 y del COVID-19 agudizaron la falla estructural de la economía nicaragüense: una limitación sistémica en su capacidad de generar valor agregado y en la capacidad potencial de la economía, la cual solo se podrá revertir con un incremento en la inversión productiva tanto pública como privada.
Desde el 2007 han pasado 14 años de destrucción institucional sin precedentes. Ortega-Murillo se encargaron de ahondar una fractura sociopolítica que no podrá cerrarse en el corto plazo mediante: políticas regresivas, autoritarias y misóginas, la dictadura forjó un gobierno ineficiente, incoherente, un país abocado al desastre, con un alto grado de polarización y arremetió contra todos los organismos defensores de los derechos humanos.
El régimen Ortega-Murillo no tiene ningún legado memorable, hereda solo heridas y pésimos recuerdos. A través de la represión ha creado resentimiento, tirria, descontento y animadversión en la población en su contra y Ortega, igual que Somoza, pasará a la historia como un tirano más; la represión se transformó en un factor de riesgo para la sociedad más alto que el coronavirus.
Noticia relacionada: Daniel Ortega cumplió 14 años en el poder y varios de sus «megaproyectos» quedaron en «cuentos»
Para mantenerse en el poder Ortega-Murillo depende del terror y el miedo, son personas dañinas. Su instinto político está al servicio del mantenimiento del poder dictatorial alimentado por las locuras que el ejercicio del poder autoritario introduce. La brutalidad ha sido un elemento esencial de la política de la dictadura. El balance de su permanencia en el poder es de destrucción.
El régimen no tiene proyecto de sociedad ni proyecto de nación, el orteguismo es puro conflicto, busca mantener un estado de intimidación para preservar el poder. Ortega ha sido eficaz en la destrucción de los derechos sociales y políticos de los nicaragüenses, ha dinamitado lo más sensible de la democracia: los derechos humanos. Sin embargo, el régimen quiere asociar su figura con la supuesta salvación del país.
Desde el 2018, las dos terceras parte de los hogares ha tenido una reducción de sus ingresos. Las familias vulnerables redujeron el consumo de alimentos y hay cifras de miles de empleos destruidos por el impacto combinado de la recesión y la pandemia. El hambre, los niños desnutridos mendigando en las calles y semáforos, decenas de miles de hogares pasan hambre. El régimen Ortega-Murillo ha hecho más daño que bien al país.
La derecha empresarial y el régimen saben lo que quiere, están a favor de la «salida al suave» que les garantiza los privilegios de una minoría. Han optado por una desigual distribución de la riqueza, reducir el ingreso popular, permitir los altos niveles de desempleo, reactivar la tasa de ganancia de los empresarios, congelar los salarios y mantener el gasto social en educación y salud en los insuficientes niveles actuales.
Un tema importante es el futuro sistema impositivo, es insostenible que los ingresos del Estado sigan siendo solventados por los impuestos que paga la mayoría de la población o que el gravamen que aportan los asalariados sea mayor que la propia carga de impuesto que los que tienen ganancias y acumulan riquezas. Nicaragua ocupa un lugar destacado en el ranking mundial de la evasión.
La deuda externa ha estado destinada a favorecer la permanencia del régimen, no para construir hospitales, escuelas o universidades, sino que sirvió para enriquecer a un puñado de poderosos, acompañada con una fuga de capital. Una deuda externa tan irregular que hasta algunos sectores del capital reconocen que es anómala, aunque después de reconocer eso no exigen transparentar cómo se utilizó ese dinero.
Noticia relacionada: Pobreza e implosión
Las protestas del movimiento social han pasado a un segundo plano, desaparecieron las marchas, los piquetes exprés y lo que estamos viendo en las últimas semanas es un agravamiento de la acción represiva para imponer la verdad única; la verdad de la dictadura es la aplicación maniqueísta que busca cómo aniquilar a la oposición.
El régimen ha modificado y violentado toda la legalidad democrática contemplada en la Constitución Política, instaurando un régimen abiertamente autoritario, que mediante diversos mecanismos violatorios de la Constitución le ha permitido al dictador controlar de manera absoluta todo el resto de poderes públicos.
Noticia relacionada: Michael Kozak: «Daniel Ortega está destruyendo la poca credibilidad que tiene»
Al mismo tiempo, la destrucción de los derechos laborales fundamentales alcanza niveles no vistos en los gobiernos neoliberales anteriores. El remate de toda esta política neoliberal lo ha coronado con la «Ley #1046», aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, que permite privatizar el agua, sin rendir cuentas ante ningún órgano constitucional.
El régimen ha buscado cómo convencer a la población vulnerable de que gracias a su gestión el país avanza (ocultando la realidad socio-económica) y que el pan que comemos es gracias al dictador. Este absurdo, fácil de refutar, pero fosilizado en la superstición popular (el papá Estado), es tan absurdo como la idea de que la alianza del gran capital y el régimen permiten el desarrollo de la democracia, la historia reciente demuestra que ha significado lo contrario.
A Ortega-Murillo le importa una mierda lo que los organismos internacionales defensores de los derechos humanos piensen de sus crímenes y represión. Reprime a sus adversarios políticos con la arrogancia, la soberbia y la ferocidad del que se sabe impune ante la ley, su voluntad es su única ley. Reprime a cualquiera que cuestione su poder absoluto: ya sean periodistas, disidentes, opositores, intelectuales y todos aquellos que se atrevan a disentir.
Noticia relacionada:Año 2020: Informalidad y pobreza
La Asamblea Nacional tiene la misión de no estorbar; aprobar o derogar lo que ordene Ortega. Es una Asamblea disociada de la voluntad popular, que no ejerce ningún control al Ejecutivo y obedece incondicionalmente a Ortega, aunque sea febril y errático.
Hasta el momento, la cúpula militar mantiene su fidelidad al sumo sacerdote ya sea por convicción, privilegios o fingimiento. La lealtad castrense puede ser vulnerable producto del sufrimiento de su entorno familiar y al empobrecimiento de sus allegados. No hay que olvidar que los ejércitos son dependientes de las condiciones económicas de los países. El Ejército se ha transformado en la columna vertebral de la dictadura. ¿Se podrá fracturar el ejército?
Por su apetito por el poder absoluto, el régimen piensa que es posible manipular las noticias y hechos, para que se adapten a sus propias preferencias políticas. La dictadura caduca, con sus falsas promesas de recuperación económica sostenible, tiene la esperanza que una nueva alianza entre la derecha empresarial con el régimen disminuirá la presión social desde abajo.
El orden autoritario mutó en “desorden” sociopolítico, que Ortega no ha podido frenar los cambios que operan en el rechazo ciudadano a la dictadura. Ortega intenta demorar y contrarrestar su merma de poder con el paquete de leyes draconianas. El otro fenómeno es la emergencia de los movimientos sociales autónomos, que crecieron no sólo para competir la primacía política, sino para luchar por un nuevo orden sociopolítico.
