Ruth Selma Herrera, expresidenta ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), interpuso un recurso por inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales con la que se facilita la privatización del servicio.
El recurso firmado por Herrera, Alina Agurto Herrera y Fátima Herenia Amaya fue interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según las demandantes, esta nueva ley viola al menos cinco artículos constitucionales.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de Mariano Valle, propietario de Canal 12 de televisión, tras considerar que su derecho a la libertad de expresión se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable.
Según la CIDH, Canal 12 sería la única estación de televisión con cobertura nacional que presenta constantemente noticias que informan de forma crítica sobre el gobierno y Valle Peters tiene serias dificultades para ejercer su derecho a la libertad de expresión. El medio de comunicación podría llegar a su cierre por motivo de un embargo millonario por parte de la Dirección General de Ingresos.
Róger Reyes, coordinador de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en Carazo, denunció que desconocidos ingresaron a su propiedad y marcaron su vehículo con la frase intimidatoria «ojo golpista, plomo» y además intentaron envenenar a su perro.
El opositor presume que el hecho ocurrió en horas de la noche del jueves, y señala que es parte del recrudecimiento del asedio y hostigamiento en su contra, luego que organizara una campaña de apoyo humanitario para el excarcelado político Justo Rodríguez, quien permanece en condición delicada.
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Dirigentes opositores al régimen de Daniel Ortega aseguran que la nueva administración estadounidense dirigida por el demócrata Joe Biden presionará a la dictadura desde el inicio y no habrá cambios en la política de ese país con respecto al Gobierno de Nicaragua.
Auguran que en el primer trimestre de 2021 ya habrá más sanciones contra funcionarios orteguistas y que los demócratas abogarán por reformas electorales que garanticen unos comicios nacionales transparentes
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) hizo un recuento de las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante 2020, asegurando que en ese año la dictadura mantuvo por lo menos a 120 presos de conciencia; recetó «casa por cárcel» impuesta a los principales líderes de la oposición y tiene a más de 50 líderes territoriales asediados.
En su recuento, la UNAB señala que 110 ciudadanos fueron detenidos ilegalmente tras la insurrección popular de abril de 2018 y otros 10 fueron apresados antes de esta fecha. La organización opositora indica que «del total de personas presas políticas, 64 fueron capturadas a lo largo de este 2020.
