Ruth Selma Herrera, expresidenta ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), interpuso un recurso por inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales por facilitar la privatización del servicio.
El recurso firmado por Herrera, Alina Agurto Herrera y Fátima Herenia Amaya fue interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia(CSJ) el jueves, siete de enero, por violar al menos cinco artículos constitucionales, el número 60, 80, 102, 105, 50.
«Esta reforma está quitándonos un marco jurídico que nos permita, primero, la obligación de conservar los recursos hídricos y fuentes de agua y, en segundo lugar, nos quitan el derecho a la participación ciudadana», expuso Herrera.
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«Crea una súper estructura dedicada, fundamentalmente, a atender a aquellos agentes económicos privados que van a solicitar concesiones para administrar de manera comercial los recursos», añadió a Artículo 66.
La experta reiteró que los artículos establecidos por el régimen para, supuestamente evitar la privatización del agua, quedan en «papel mojado» porque «todo el andamiaje jurídico está diseñado para que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y los aparatos que crearon, se dediquen a atender la gestión de los agentes privados sobre los recursos hídricos».
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«Nosotros no podemos engañarnos ante el cambio climático. Cada día hay más pérdidas de recursos hídricos porque tenemos al país deforestado. Tenemos que avocarnos a hacer todo lo contrario a lo que dice esa ley», advirtió.
La reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, Ley 620, fue aprobada el 12 de noviembre por la bancada sandinista y sus aliados, y entró en vigor el 24 de diciembre de 2020.
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