Desconocidos ingresaron a la propiedad del coordinador de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en Carazo, Róger Reyes, marcaron su vehículo con la frase intimidatoria «ojo golpista, plomo» e intentaron envenenar a su perro, denunció el opositor este viernes, ocho de enero.
Congresistas norteamericanos de los partidos demócrata y republicano al unísono piden a la comunidad internacional unirse para exigir a Ortega que garantice elecciones libre y democráticas.
Presume que el hecho ocurrió en horas de la noche del jueves, y señala que es parte del recrudecimiento del asedio y hostigamiento en su contra, luego que organizara una campaña de apoyo humanitario para el excarcelado político Justo Rodríguez, quien permanece en condición delicada.
Lo relaciono «fuertemente al trabajo que se hizo con don Justo Rodríguez porque se demostró las violaciones a los derechos humanos que comete este sistema en contra de los presos políticos; y por concientizar y motivar a la población porque la población dio una respuesta positiva, se le logró ayudar bastante», indicó Reyes a Artículo 66.
El coordinador departamental reseñó que el incremento de la represión directa inició cuando personas desconocidas «andaban preguntando por él, el segundo nivel fue cuando llegaron motorizados a tomar fotos frente a su casa, luego pasó a un tercer nivel cuando la Policía no le permitía salir de su casa y hace como dos semanas le dieron persecución en casi toda la ciudad de Jinotepe».
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Los aparentes operadores del régimen elevaron el hostigamiento con amenazas, ahora, dentro de la propiedad del opositor con el fin de «tratar de intimidar, de hacer un poco de presión, que uno tenga miedo y no continúe haciendo el trabajo político que se ha estado realizando en Carazo», indicó el opositor.
«Todo acto que se haga que demuestra que el gobierno de (Daniel) Ortega no está trabajando de la manera que debe hacer, entonces toman represalias (…) Pero, voy a continuar con el trabajo territorial, con las visitas de manera estratégica, continuar demandando justicia, en el trabajo político», agregó.
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En su reciente infome, la UNAB recuenta 110 detenciones ilegales tras la insurrección popular de abril de 2018 y otras 10, antes de esa fecha; además, del total de personas presas políticas, 64 fueron detenidas a lo largo del 2020 y 31 son excarcelados que fueron «recapturados».
