Con 74 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones fue aprobada este jueves, 12 de noviembre, la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, Ley 620, que deja abierta la posibilidad de privatizar el servicio, a través del otorgamiento de licencias de concesiones a empresas privadas, según expertos.
El sindicalista sandinista Roberto González denunció maltrato y persecución contra trabajadores del estado por parte de los mismos sandinistas, ente ellos Gustavo Porras.
La Ley de reforma a la Ley 620 fue presentada por el mandatario Daniel Ortega Saavedra, el 15 de octubre del presente año, justificada en la necesidad del Estado de dar continuidad al proceso de modernización y ordenamiento de las instituciones del sector hídrico.
La normativa desaparece el estatal Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA), el que sería absorbido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que, a partir de ahora, «va a vender y va a regularse a ella misma y a los concesionarios», según críticos.
El diputado sandinista Carlos Emilio López refutó que es «totalmente falso que estemos privatizando el agua». En defensa de la ley de Ortega, el parlamentario aseguró, a través de su red social, que la normativa reafirma «que el agua es patrimonio nacional y el servicio de agua potable no será objeto de privatización alguna, directa o indirectamente».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Producción y Economía, Wálmaro Gutiérrez, fustigó contra el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, que se ha manifestado en rechazo de la reforma. Sin embargo, durante sus ataques al sector privado y prensa independiente, reafirmó que el régimen establece el pago de un canon por el uso y aprovechamiento de las aguas y bienes nacionales.
«¿Saben por qué les preocupa eso? Porque hay una cantidad de sinvergüenzas que se sobre aprovechan del recurso agua de manera industrial, con interés comercial y que no pagan ni un solo centavo por ese aprovechamiento ¿Me van a venir a negar que se pegan de manera ilegal a las grandes tuberías para desarrollar sus acciones de riego?», reclamó Gutiérrez.
«Los cánones que se vayan a cobrar por el aprovechamiento de ese recurso no se van a aprobar en esta ley, se van a aprobar en una ley especial que no ha venido a la Asamblea», añadió.
El ANA se convertirá en un «poderoso ente estatal que, haciendo de juez y parte, se encargará de vender concesiones a empresas privadas para que le presten el servicio de agua potable y saneamiento a la población y a la vez regular el uso del agua en el país, es decir, va a vender y va a regularse a ella misma y a los concesionarios», explicó anteriormente Ruth Selma Herrera, experta en el tema y expresidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).
De acuerdo con Herrera, el régimen de Daniel Ortega permitiría la entrada en escena de empresas privadas que recibirán concesiones de parte de ANA para prestar el servicio de agua potable a tarifas antojadizas según la empresa que reciba la concesión.
No obstante, la misma propuesta refleja que «el servicio de agua potable no será objeto de privatización alguna, directa o indirecta, y será considerado siempre de carácter público. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado».
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A este artículo le suprimieron la parte final que indica en la presente ley que la vigilancia la ejercerá el Estado «a través de las instituciones creadas para tales efectos o de las que se creen en el futuro».
Por otro lado, la reforma también crea la Comisión Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico (CNDRH) encargado de la planificación, programas, políticas y normativas nacionales; y la Comisión para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos que garantice la administración y operatividad desde los territorios con un enfoque de cuencas. El diputado Gutiérrez aseguró que el artículo 97 y artículo 98 sobre la protección del Cocibolca y Xolotlán no se derogan.
