La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de Mariano Valle Peters, dueño de Nicavisión S.A., propietaria de Canal 12, tras considerar que su derecho a la libertad de expresión se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable, informó el organismo este viernes, ocho de enero.
Canal 12 sería la única estación de televisión con cobertura nacional que presenta constantemente noticias que informan de forma crítica sobre el gobierno y Valle Peters tiene serias dificultades para ejercer su derecho a la libertad de expresión, señala la CIDH.
Además, el medio de comunicación «podría llegar a su cierre por motivo de embargos fundados en alegadas deudas fiscales por la autoridad hacendaria, lo que vulneraría la libertad de expresión de Valle Peters, ejercida a través de dicho canal de televisión».
La solicitud alega violaciones a los artículos 8, 13, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el contexto excepcional en el que se insertan los hechos, los cuales «revisten especial seriedad en el marco de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Nicaragua». La CIDH consideró que «se encuentra suficientemente establecida la existencia de una situación de gravedad y urgencia de daño irreparable».
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Entre tales medidas, se solicita al Estado que se abstenga de proceder con la decisión de subasta o venta del medio de comunicación Canal 12 hasta en tanto se haya realizado una evaluación del impacto que dicha decisión tendría en el ejercicio de la libertad de expresión de Valle Peters.
«La Comisión, en el actual contexto por el que atraviesa el país, solicita a Nicaragua que garantice las medidas que permitan que el beneficiario pueda continuar ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, adoptando las acciones que resulten pertinentes y absteniéndose de adoptar aquellas que dificulten dicho derecho», señala.
Los bienes del Canal 12, embargados a solicitud de la Dirección General de Ingresos (DGI) del régimen de Daniel Ortega, podrían ser subastados próximamente, luego que la encargada del caso subestimara todas las pruebas de descargo que presentó la empresa, como parte de una maniobra del régimen que pretende limitar la libertad de expresión y de prensa de medios críticos a la dictadura, según denuncias de Mariano Valle.
