En su valoración sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, al cierre del año 2020, el Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca +, advierte que el régimen Ortega-Murillo «mantiene y recrudece la sistemática represión y persecución, en contra de la ciudadanía nicaragüense, utilizando todos los recursos y medios del Estado para mantener el poder a cualquier costo, es decir a sangre y fuego, cuyas consecuencias son graves violaciones de derechos humanos y la persistencia de la comisión de crímenes de lesa humanidad, con garantía de impunidad».
En su ultimo boletín informativo, la organización de defensores que se encuentra en el exilio en Costa Rica, señala que la legítima resistencia del pueblo nicaragüense ha tenido que enfrentar la desproporcionada violencia del régimen, que incluye un estado de excepción de facto, con tres cuerpos armados en violación al orden constitucional que establece solamente al Ejército y la Policía pero ahora también existen los paramilitares, que se encargan de reprimir a vista y paciencia y a veces hasta protegidos por los cuerpos armados oficiales.
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Asimismo, destacan que en el año que finaliza la dictadura puso en práctica métodos de represión que incluyen las ejecuciones arbitrarias contra la vida, la libertad individual, los procesos y condenas injustas, la tortura, el desplazamiento forzado, la criminalización y persecución contra toda expresión ciudadanía que ejerce sus derechos y garantías fundamentales, el asedio contra familiares de las personas privada de la vida y unas persistentes campañas estatales de odio orquestadas desde los medios de comunicación afines al partido de Gobierno y en las redes sociales.
Los defensores de derechos humanos también advierten sobre la instrumentalización de la justicia para criminalizar, reprimir económicamente y suprimir derechos constitucionales de la ciudadanía.
Represión contra medios de comunicación
El Colectivo Nicaragua Nunca + señala que en el 2020 el régimen utilizó diversas firmas de presión contra los periodistas y medios de comunicación independientes, entre ellas la presión económica y la criminalización del ejercicio periodístico. En ese sentido, los defensores de derechos humanos destacan la persecución fiscal contra Canal 12 y las presiones económicas contra la radio departamental de Jinotepe, Estéreo Romance.
El Canal12 de televisión, en señal abierta, propiedad del empresario Mariano Valle Peters, fue objeto de persecución fiscal y judicial. Tres embargos ejecutados por el Poder Judicial en Managua, dos a petición de la Dirección General de Impuestos (DGI) y otro por demanda laboral que alcanzan los 36 millones de córdobas. El primer embargo fue el 11 de septiembre, por más de 21 millones de córdobas; el segundo fue dictado el primero de octubre hasta por siete millones de córdobas y el tercer embargo ejecutado el 28 de octubre.
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Otra forma de represión denunciada en el informe fue la utilizada por la Policía en contra de medios de comunicación, aplicando multas arbitrarias como ocurrió con Artículo 66 el 10 de octubre, cuando agentes de tránsito del municipio de Malpaisillo, en el departamento de León, multaron al conductor de este medio con tres mil córdobas, en represalia por dar cobertura a una reunión de la Coalición Nacional.
De igual manera, el informe sobre violaciones a los derechos humanos durante el 2020 toma en cuanta las limitaciones a los medios de comunicación para dar cobertura a hechos relevantes como ocurrió con el periodista Noel Pérez Miranda, de Artículo 66, a quien «se le impidió el ingreso a los Juzgados de Managua y amenazado con ser detenido por agentes policiales que se molestaron por las fotografías y videos que estaba realizando al momento que pretendió dar cobertura al juicio oral del 27 de octubre contra el joven activista de la plataforma “tik tok”, Kévin Monzón».
«También fueron objeto de insultos, fotografías y persecución en la vía pública, el pasado 22 de octubre los equipos de La Prensa y Artículo 66, los periodistas Geovanny Shiffman, Wilmer López y Noel Pérez que además de impedirles la cobertura, 18 agentes policiales, 4 patrullas y motorizados les dieron persecución como forma de intimidación», dice el informe de los defensores de derechos humanos.
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Otro hecho destacado de violación a los derechos fundamentales de los nicaragüenses ocurrido durante el año que finaliza es el ataque físico del que fueron víctimas los periodista Verónica Chávez y Josué Garay, quienes fueron gravemente heridos a manos de fanáticos sandinistas el pasado 11 de octubre en la ciudad de Masaya, cuando salían de una reunión de la opositora Coalición Nacional.
Acusaciones y condenas arbitrarias
La directora de Prensa de Radio La Costeñísima Kalúa Salazar fue acusada y condenada arbitraria e injustamente el 23 de septiembre por el Juzgado Penal Local de Bluefields por el delito de calumnias en represalia por dar cobertura a una denuncia de corrupción en la alcaldía del municipio de El Rama. Asimismo, los comunicadores David Quintana, de Boletín Ecológico; William Aragón, corresponsal de La Prensa, y Elsa Espinoza, también fueron sometidos a acusaciones judiciales para criminalizar su labor y estigmatizarles como «divulgadores de noticias falsas» de acuerdo a la estrategia de Estado para suprimir la libertad de prensa. El fallecido periodista Sergio León, fue acusado el 28 de mayo por el delito de injurias y calumnias en el contexto de la Pandemia Covid 19.
«La represión judicial y criminalización ejecutada por el Poder Judicial incluyó la confirmación de sentencia condenatoria en contra de los presos políticos Edwin Javier Mora Cajina, Edman Jeancarlos Mora Ortiz, Justo Emilio Rodríguez López, Amilcar José Cerda Cruz y Juana Estela López Alemán. El 23/10/20 el Tribunal de Apelaciones Sala Penal Uno, Circunscripción Managua les confirma condena de más de tres años de prisión», denuncia el Colectivo Nicaragua Nunca +.
Las acciones policiales y parapoliciales para suprimir el derecho de reunión a las organizaciones opositoras significaron un desproporcionado despliegue de dispositivos de seguridad a nivel nacional, los que asedian fuertemente armados.
«El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, reitera su compromiso con las víctimas provocadas por casi 33 meses de sistemática represión, cuyo máximo responsable es la familia Ortega-Murillo; quienes tienen pendiente rendir cuentas al pueblo de Nicaragua por los crímenes de lesa humanidad y el dolor causado», concluye el informe.
