Visiblemente deteriorado fue liberado y llevado a su hogar, el expreso político Justo Rodríguez López, de 68 años, originario del municipio de Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, departamento de Rivas.
Luego de permanecer, cuatro meses postrado en un hospital capitalino producto de los golpes y el derrame cerebral que sufrió en la cárcel, el campesino salió desnutrido, con dificultades para respirar y probablemente sin poder caminar el resto de su vida, aseguraron los familiares.
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«Es una grosería lo que hicieron en contra de mi hermano, yo soy una señora de 70 años y mi hermana mayor de 74, somos las únicas que cuidamos a Justo. Era el más sano de la familia», expresó la hermana del exreo y víctima de la dictadura, Esmérita Rodríguez.
Rodríguez, fue detenido el 20 de abril de este año, en una operación policial emprendida contra autoconvocados y opositores del Gobierno. Fue condenado a tres años y dos meses de cárcel, pagando la pena de cuatro meses en las celdas y otros cuatro en el hospital. Quien era un hombre robusto, salió bajo la orden de convivencia familiar, en los huesos, denunció su familia.
Las instalaciones de los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial y de las organizaciones Popol Na, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Citas), además del Centro Nicaragüense de Derechos Humano (Cenidh), entre otras, amanecieron con rótulos de aviso que afirman que la propiedad pertenece al Ministerio de Salud.
El régimen de Daniel Ortega autorizó colocar el anuncio a dos años de la confiscación de los medios de comunicación y la cancelación de las personerías jurídicas de las ONG.
La periodista y exrea política, Lucía Pineda Ubau, directora del medio de comunicación 100% Noticias, manifestó que la acción es ilegal y señaló que, a futuro, Ortega deberá responder por los daños causados al pueblo.
Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, calificó esta apropiación como una confiscación de facto y remarcó que el periodismo independiente continuará ejerciendo su labor, pese a la represión.
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Defensores de derechos humanos calificaron la acción confiscatoria de Daniel Ortega como ilegal, ilegítima e infame. Diversos organismos y expertos en Derecho, manifestaron que la usurpación es un golpe a la democracia, y demuestra la política de censura y desprecio del régimen hacia la libertad de prensa y libertad de expresión.
También denunciaron la instrumentalización del Ministerio de Salud, que pese a que el régimen le está adjudicando las propiedades, el personal fue expuesto a una política irresponsable frente al COVID-19.
Bayardo Arce, asesor presidencial para temas económicos reapareció anunciando reformas electorales y una posible reforma tributaria en el 2021. Arce aseguró que el régimen abordará la reforma electoral antes del mes de mayo, conforme a los plazos establecidos en la Ley, y no a solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA) que recientemente demandó al Gobierno que discutiera las reformas a más tardar en ese mes.
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El asesor no determinó con cuáles fuerzas políticas estarían consensuando los cambios, ni cuáles serían.
La reforma tributaria, por otro lado, se podría discutir en el mes de enero con los sectores empresariales dispuestos a participar en la convocatoria del régimen. Arce advirtió que, si el empresariado no quiere discutir, podrían implementar las reformas de manera unilateral.
