Las reformas electorales y la reforma tributaria serán los temas torales que el régimen de Daniel Ortega agendó para antes de mayo de 2021, de cara a las posibles elecciones presidenciales en noviembre, informó el 22 de diciembre el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce.
«Viene la discusión de la reforma electoral con las fuerzas políticas. Tendrá que ser en los plazos, obvio que será antes de mayo, no porque diga la OEA (Organización de Estados Americanos), sino porque son los plazos normales de un proceso electoral», afirmó de manera escueta, en exclusiva al canal de televisión del Grupo Empresarial Pellas, VosTV, después de meses de mantenerse en las sombras.
En octubre, el organismo aprobó una resolución que plantea la necesidad de establecer reformas a más tardar en mayo del próximo año, que incluyan la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar su independencia, transparencia y responsable; así como un proceso político pluralista, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos.
Arce, sin embargo, no detalló los cambios que estarían realizando a la Ley Electoral, ni definió las «fuerzas políticas» con las que estarían discutiendo los cambios, luego de que el régimen excluyera, mediante ley, la participación de la oposición política en los posibles comicios generales.
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Al respecto, señaló que la «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz», «inhibe a los que tienen vocación traidora, que van a pedir que nos agredan, que van a pedir que nos invadan, que van a pedir que sancionen al país».
«En todo caso se autoexcluye el que tiene vocación traidora, el que anda pidiendo en el extranjero que dañen al país. El que hace oposición constructiva, legítima, que critica lo que hay que criticar de nuestra gestión, que le hace un planteamiento a la sociedad alternativo, no tiene nada qué preocuparse por esa ley», reiteró el otrora comandante de la Revolución.
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Un Arce, aparentemente afectado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y otras potencias contra los operadores del régimen señalados de corruptos y violadores de derechos humanos, catalogó la demanda de la oposición como «canalladas, actos perversos, de imperio».
«¿Dónde está el principio universal de la inocencia? ¿Dónde está el principio universal del derecho a la defensa? ¿Dónde está? Nada de eso existe, nada de eso le preocupa a los que dicen que defienden los derechos humanos aquí», reclamó.
Por su parte, manifestó que para las próximas elecciones «vamos a ver cómo se acomoda la llamada oposición que está super tuqueada, esa no es culpa nuestra, sino de todos los que quieren ser presidentes. Dicen que uno de los males de este país es la “presidentitis” y ahí lo estamos viendo ahorita. Ojalá se logren unir porque para la democracia del país es bueno que haya una fuerza coherente alternativa donde la democracia real pueda funcionar».
Sin embargo, aprovechó las penalidades contra algunas figuras del régimen para justificar el debacle de la economía, la política voraz tributaria y el controversial manejo de la pandemia del COVID-19.
«Ha habido una política de bloqueo que, además, muchos aquí se solazaban y gozaban de que mientras le estaban dando a los demás países, a Nicaragua no le daban. Nosotros tuvimos paciencia ante los organismos multilatrales porque es importante que el pueblo sepa que, estos son derechos que tenemos los países, nosotros somos socios del Banco Mundial, socios del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), socios del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), del FMI (Fondo Monetario Internacional); hemos pagado siempre nuestras cuotas y eso nos da un derecho de financiamiento, que es lo que nos estuvieron bloqueando de distintas maneras», manifestó.
«Nosotros no teníamos los flujos de recursos (para enfrentar la pandemia), los estaban bloqueando. No nos quedó más que combinar el esfuerzo del Ministerio de Salud, la creatividad del Minsa de no dejar a todo el mundo en hospitales que es más fuente de contagio y atender a la gente en sus hogares», excusó el asesor presidencial.
En ese sentido, informó que «no sabemos de cuántas vacunas contra el COVID-19 estamos hablando (nos puedan donar) y por otra parte hemos entrado en un paquete con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para, en el marco del COVAX, hacer una compra de las vacunas. Dependiendo de lo que nos puedan donar y de lo que tengamos que invertir, se tomará la decisión».
«Nosotros hemos conseguido fondos, debido al huracán Iota y al Eta» para reactivar la economía, aceptó Bayardo Arce, quien además, señaló que las tributaciones han ayudado a sostener las finanzas del régimen.
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«Estábamos claros de que las medidas fiscales eran duras, altamente exigentes y nos propusimos esa revisión (a la reforma tributaria) porque no esperábamos un acto tan canalla de bloqueo contra el país, pero el bloqueo se dio y no nos quedó más que ir prolongando esa política fiscal».
Sin embargo, aseguró que «en enero buscaremos cómo sentarnos con los sectores empresariales “verdaderamente” interesados en la reactivación económica, en la creación de empleos, para revisar políticas económicas y seguir empujando este país para adelante». «Aquí hay empresarios que nos han dicho con sinceridad a nosotros que “eventualmente tienen temor de que les apliquen sanciones o les apliquen medidas por estar haciendo inversión en Nicaragua” y lo dicen nacionales y extranjeros».
«Se tendrá que poner en un tapete de discusión con los que quieran discutir; si alguien no quiere discutir, pues lo haremos nosotros solos», adviritó Arce, quien ha fungido como enlace entre el régimen y el gran capital.
Por otro lado, el asesor de Daniel Ortega descartó una revisión al seguro social, previendo las demandas de la población nicaragüense que en el 2018 incentivó la protesta cívica.
«Es un año de elecciones, de manipulaciones políticas, no creo (que se aborde ese tema)», recordemos que «con el cuento de que estábamos haciendo un ajuste a la seguridad social fue que desató toda la violencia en el país», declaró.
