De acuerdo con el “Informe Mundial de la Ultra Riqueza, en Nicaragua hay 210 millonarios que acumulan más riqueza que 6 millones de nicaragüenses. Un gobierno progresista debe asegurarse que los ricos paguen sus impuestos y destinar esos ingresos a mejorar las condiciones de vida de las personas más pobres (más del 50 por ciento de la población): agua potable, salud y educación de calidad.
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En los últimos años (2007-2020), no solo el número de los millonarios ha aumentado, sino que también lo ha hecho el nivel de su riqueza, y ello ha sido conseguido a costa de que el nivel de rentas de los sectores populares (asalariados, trabajadores, clases medias y baja) haya descendido. El problema no es que sean millonarios, sino empresarios que han acumulado su riqueza a costa de los demás.
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En nuestra época hay más millonarios que nunca. La riqueza de los 210 millonarios también alcanza hoy día el porcentaje más alto sobre la riqueza total del país en el último siglo y quizá de la historia de Nicaragua. Las 210 personas más ricas tienen una riqueza equivalente a la que poseen los 4.0 millones que constituyen más de la mitad más pobre de su población.
De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN), en el quinquenio 2011-2015, la tasa de inversión de capital fija (maquinaria, equipo y construcción) fue de 23.69 por ciento del PIB en promedio, muy abajo del tercio (33.0 por ciento) considerado lo mínimamente satisfactorio para países con economías atrasadas.
La inversión privada, generadora de empleo, según el BCN, cayó en 11.1 puntos porcentuales entre el 2007 (25.9 por ciento) y 2014 (14.8 por ciento). Lo más grave fue que la inversión en el componente de maquinaria y equipos disminuyó en 26.8 por ciento.
La inversión extranjera directa participó con el 72 por ciento en la inversión capital del sector privado, una proporción que muestra el poco esfuerzo del inversionista privado nacional que participó con el 28 por ciento. Es decir, el capital privado recibió exoneraciones como estímulo para favorecer las inversiones, pero no se tradujo en inversiones. Simplemente se enriquecieron.
Según los datos del “Anuario de Estadísticas Macroeconómicas 2019” del BCN, la tasa de inversión en la formación bruta de capital fijo era de 28.8 por ciento en el 2017 y de 18.4 por ciento en el 2019. Esto significa que, a pesar de los beneficios recibidos, la inversión del capital privado en la modernización de sus empresas agrícolas e industriales nunca han alcanzado el mínimo satisfactorio del 33.0 por ciento. Para el gran capital la ciencia y la tecnología no juega un papel importante en el desarrollo futuro del país.
Entre 1995 y 2015, el promedio anual de inversión en bienes de capital en Nicaragua alcanzó la cifra de US$ 456.7 millones de dólares. En ese mismo período la inversión en compra de maquinarias y herramientas para la agricultura alcanzó solamente los US$ 39.94 millones de dólares, equivalente al 8.75 por ciento del total invertido en bienes de capital.
Lo paradójico es que el campo es el que genera más trabajo, más productos de exportación y es el sector en donde se invierte menos para incrementar la productividad. El campo es mayor productor de divisas: café, azúcar, carne, leche, quesos, frijoles, cacao y otros productos no tradicionales de exportación. Al mismo tiempo, es el produce los productos de la canasta básica y emplea a más de 600 mil personas.
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La inversión fija bruta y el consumo de las familias y hogares, dos indicadores que reflejan el estado de la demanda interna de la economía, decrecieron por tres años consecutivos desde la crisis del 2018 al 2020. No se espera que en el 2021 estos indicadores se recuperen –sobre todo en el consumo–, dada la recesión y la destrucción de empleos.
No es verdad que la riqueza de los empresarios millonarios sea el resultado de su innovación o de que sean capaces de incorporar avances tecnológicos que supongan mejoras en el crecimiento económico o el empleo. Los mayores beneficios extraordinarios que se reciben están relacionados con la menor contribución fiscal que hacen las empresas y grandes patrimonios.
El origen de las fortunas más grandes del país no es precisamente el mérito, la innovación o la mayor eficiencia sino es producto, además de la herencia, el poder político que facilita la información privilegiada y/o el favor del poder político para conseguir leyes y normas favorables a sus intereses.
Empresarios privados antes de abril de 2018 mantenían una relación cercana con el Cosep. Foto: Cortesía
No es cierto que se produzca un supuesto efecto positivo de la desigualdad y de la existencia de personas muy ricas sobre el resto de la economía (el llamado “efecto derrame”). Tampoco es verdad, como se quiere hacer creer, que cuanto más ricos haya, más riqueza se “derrama” sobre el conjunto de la sociedad.
Menos impuestos y más desigualdad van unidos a menos crecimiento económico y a más desempleo, de donde deducen que no hay que tener miedo a subir los impuestos a los millonarios porque eso no va a producir menos actividad o menos empleo, sino todo lo contrario.
No se puede negar que la concentración tan extraordinaria de la riqueza inexplicable que se ha producido en los últimos años ha ido acompañada de menos empleo, menos derechos individuales y sociales, de peor provisión de bienes públicos imprescindibles, de mercados más concentrados y, por tanto, más ineficientes. Y, al mismo tiempo, de más injusticias y de menos democracia porque ha aumentado el poder de quienes pueden decidir todo al margen de la política representativa gracias a su control sobre los partidos y los poderes del Estado.
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El sector empresarial (gran capital) siempre ha vivido y se ha mantenido rentable por su relación con el gobierno, sea cualquiera, y están a la espera del llamado del poder político del momento, para dar el tan esperado sí, hasta el punto de después jactarse de lo que hicieron. Lo que ellos quieren es conservar su patrimonio y buscar con la ayuda del gobierno como incrementar desmedidamente, aun atropellando al que se ponga enfrente, incluyendo la explotación de los trabajadores. ¿Qué podés esperar de un miembro del gran capital, que ni siquiera vive en el país?
La lucha democrática es conseguir que los 210 millonarios que dominan el país, contribuyan como los demás al mantenimiento de la sociedad, desactivar y penalizar sus abusos de poder, que se persiga y castigue la corrupción en la política gubernamental, fomentar la meritocracia y se penalice el enriquecimiento inexplicable, etcétera; todo lo anterior, no es ni siquiera un objetivo político o ideológico, sino un imperativo ético que debiera defender cualquier persona consciente, sensible y honesta por el futuro del país y de las generaciones futuras.
Un gobierno democrático tiene que implementar un nuevo patrón de desarrollo multidimensional basado en los mercados interno y externo pueden reforzarse mutuamente. La lógica subsistente es impulsar la transformación de una economía basada en las exportaciones y las inversiones extranjeras a otra en la que la demanda interna juegue un papel importante.
