Los diputados del Parlamento nicaragüense clausuraron este martes la XXXVI legislatura de la Asamblea Nacional en un acto sin pena ni gloria donde prevalecieron los villancicos y en el que los legisladores, la gran mayoría orteguistas, se hicieron acompañar por los magistrados de la Corte Suprema, encabezados por su presidenta Alba Luz Ramos, al igual que los magistrados del cuestionado Consejo Supremo Electoral, la fiscal general, la sancionada Ana Julia Guido, representación de la Policía del régimen, dirigidos por el también sancionado Ramón Avellán, y otra delegación del Ejército.
El presidente del Legislativo, Gustavo Porras, en su informe destacó que este 2020 aprobaron 73 normas en 70 sesiones entre las que incluyen las cuestionadas Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, ambas encaminadas a arrinconar aún más a la oposición y limitar las libertades individuales de los nicaragüenses.
Noticia relacionada: Diputados orteguistas se van de vacaciones prometiendo a su regreso la aprobación de la prisión perpetua
El fiel a la pareja presidencial prometió que después de las vacaciones lo primero que harán será aprobar la reforma constitucional que establece la pena de prisión perpetua para castigar los crímenes de odio, con lo que resaltan que seguirán manoseando las leyes a su antojo.
Senadores de EE.UU envían carta a embajador para garantizar la seguridad de periodistas y opositores en Nicaragua. Foto: Artículo 66/ EFE.
Un grupo de diez senadores, entre republicanos y demócratas, envió una carta al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin K. Sullivan, donde expresan su preocupación por el acoso del gobierno de Ortega a la oposición política, la sociedad civil y los medios independientes de Nicaragua, situación que dicen se recrudecerá en el 2021, debido a que es un año electoral.
Los políticos estadounidenses además critican las leyes represivas de la dictadura aprobadas este año y dejan en claro que no ven ningún indicio de los Ortega-Murillo por frenar la represión. Ante ese panorama, instan a Sullivan a que utilice todas las herramientas diplomáticas para garantizar la seguridad de los sectores que sufren represión, acoso, amenazas y hostigamiento, en aras de respaldar la libertad de expresión y prensa y los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
Empresarios privados aglutinados en el Cosep condenaron a través de un comunicado la agresión y represión policial contra el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, y reporteros, quienes el 14 de diciembre fueron expulsados a empujones por antimotines cuando se encontraban en las afueras de esa redacción denunciando la confiscación de la que son víctimas desde hace dos años por parte del régimen orteguista.
El Cosep aseguró que ese «acto constituye una violación a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la propiedad privada y el libre ejercicio de las actividades económicas reconocidas por la Constitución Política» y llamó al Poder Judicial a pronunciarse sobre los recursos de amparo interpuestos por Invermedia-Confidencial, Promedia-Esta Semana y Cabal; ; «y que se restituya los derechos constitucionales violentados».
