La Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2014 nos indica que solo el 61.6 por ciento de las familias nicaragüense podían adquirir, con todos sus ingresos, los 53 productos de la canasta de consumo básico.
Entre finales de 2006 hasta finales de 2015, según las cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) el salario real cayó desde US$ 274.55 dólares en 2006 hasta US$ 161.18 dólares en 2015. Es decir, el salario real se redujo en términos absolutos en US$ 113.37 dólares, equivalente al 41.29 por ciento. Desde esa fecha al presente 2020, el salario real no ha tenido ninguna recuperación para alcanzar el salario del año 2006.
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De acuerdo con el BCN, en diciembre de 2007 el costo canasta básica 53 productos era de C$ 13,331.90 córdobas. En enero el salario promedio nominal de los afiliados al INSS se situó en C$ 10,209.3 córdobas. El salario promedio de los trabajadores del gobierno fue de C$ 5,108.4 córdobas mensuales. Es decir, el salario promedio de los trabajadores del gobierno y de los afiliados al seguro social era menor al costo de la canasta básica de alimentos.
En agosto de 2018, el precio de la canasta básica alcanzó los C$ 13,493.59 córdobas mensuales (equivalente a US$ 423.1 dólares al cambio oficial de ese año) y el salario mínimo promedio solo cubría un 46.39 por ciento de la canasta básica. Desde hace mucho los aumentos al salario mínimo han estado ligados a la inflación esperada y no a la efectiva, lo que explica buena parte del desplome de su poder adquisitivo.
Salarios, canasta básica y poder de compra. Foto: Tomada de internet
En julio 2019, según la información del BCN, el costo de la canasta básica se ubicó en C$ 14,159.76 córdobas. El componente de la canasta básica correspondiente a alimentos era C$ 9,472 córdobas, mientras un obrero recibía un salario mínimo de C$ 4,176 córdobas con lo cual cubría solamente un 29 por ciento del costo de la canasta básica.
En las zonas francas el salario mínimo vigente en 2019 era de C$ 5,461 córdobas. Si la canasta básica de alimentos costaba C$ 9,472 córdobas, significa que los 125 mil trabajadores/trabajadoras de las zonas francas no se están alimentando correctamente. El salario mínimo para el sector comercio, transporte y turismo, era de C$ 7,661 córdobas. Tampoco les alcanza para obtener una alimentación saludable.
Entre el 2018 y 2020, los salarios han permanecido estancados, algunos han descendido y otros han perdido sus empleos. Mientras que, la tasa de ganancia de los bancos se ha mantenido por encima de la media nacional. Por ejemplo, a septiembre de 2018, la tasa de beneficio fue del 23.9 por ciento y, a septiembre de 2019 alcanzó el 14.5 por ciento.
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Entre 2018 y 2020, según datos del BCN, el salario promedio del gobierno central en 2018 era de C$ 11,331.9 córdobas mensuales, el cual ha permanecido igual en el 2019 y 2020 y será igual en 2021; mientras que el costo de la canasta básica se ha incrementado hasta llegar, a noviembre 2020, a la cantidad de C$ 14,491.96 córdobas mensuales.
El documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público titulado “Lineamientos de Política para la Formulación del Proyecto del Presupuesto General de la República 2021 y Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2021-2024” expresa que los salarios y las plazas de los trabajadores del Estado continuarán congeladas en el 2021.
En el 2021 no vemos un acrecentamiento importante del comercio exterior, tampoco una disminución en el rezago en la brecha tecnológica, ni aumento de la productividad; por lo tanto, se prevé el mantenimiento de la desigualdad y la pobreza e incremento de la población informal e inactiva a la fuerza de trabajo.
Nicaragua está en la lista de los países más pobres de América Latina. Foto: Artículo 66/EFE
La inversión fija bruta y el consumo de las familias y hogares, dos indicadores que reflejan el estado de la demanda interna de la economía, decrecieron por tres años consecutivos desde la crisis del 2018 al 2020. No se espera que en el 2021 estos indicadores se recuperen –sobre todo en el consumo–, dada la profundización de la recesión y el incremento de la destrucción de empleos.
Desde hace cuatro años el salario mínimo general no ha tenido incrementos superiores a la inflación, de modo que los remunerados con ese salario han perdido capacidad adquisitiva. Los asalariados vieron que su capacidad para adquirir una canasta alimentaria básica se redujo desde el 2018.
Es conveniente recordar que la capacidad adquisitiva de los salarios mínimos se deterioró desde el 2007. Durante 14 años los trabajadores que reciben un salario mínimo acumularon una pérdida de la capacidad de compra que tenían en 2007.
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Miles de personas trabajan por un ingreso que no les permite comprar una canasta básica alimenticia, con la que deben proveer a sus familias. Es decir, trabajar no es suficiente para garantizar que una familia pueda adquirir los bienes básicos, incluso comer. Son trabajadores que se encuentran en situación de pobreza laboral.
Por la falta de una política de protección social para la población vulnerable. No hay un plan que promueva la ocupación laboral de mujeres y jóvenes, las/los cuales han resentido el mayor efecto de la crisis en el trabajo.
Una recuperación de la economía requiere una política fiscal más expansiva y un gasto más eficiente y menos corrupción gubernamental por varios años para paliar los efectos en el crecimiento, desigualdad, pobreza y desempleo.
