Chineando niños, abrazada de comunitarios, cargando termos mientras sube una cuesta; aparece la ministra asesora presidencial en temas de salud, Sonia Castro González, en las fotos de los medios del gobierno asignados para retratarla durante su visita a las comunidades afectadas por el huracán Iota.
La ministra sancionada lidera la brigada médica enviada a la zona, designada por la pareja presidencial, para visitar casas y reunirse con líderes comunitarios, mientras es seguida por oficiales de la Policía Nacional.
«Hermosas fotos (…) Allá estuvo ayer todo el día recorriendo en pangas, visitando a las comunidades», resaltó la vicemandataria, Rosario Murillo, en su comunicación el 23 de noviembre. Ha recorrido comunidades de Jinotega y Matagalpa, se ha reunido con líderes indígenas, miembros de la comunidad y religiosos de los territorios indígenas de San José de Bocay; se presentó en Waslala, luego del trágico accidente de tránsito, donde «ha llevado el mensaje de amor y esperanza» del régimen, según medios gubernamentales.
«En una situación como la que pasó en la Costa Caribe, la ayuda venga de donde venga es adecuada. Si de verdad van a ayudar sin hacerlo político, sería lo correcto, pero ese corazón humanitario este Gobierno no lo tiene», manifestó el doctor José Antonio Vásquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) ante la estrategia gubernamental.
«Si realmente (el Gobierno) quisiera ayudar, nos permitiría a todos los sectores apoyar desde un inicio», declaró, ejemplificando que durante el acopio de ayuda para la Costa Caribe de la UMN, personas anónimas amenazaron a los galenos, mediante mensajes telefónicos, advirtiéndoles que si llegaban a la Costa Caribe dañarían sus vehículos, robarían sus medicamentos y lesionarían su integridad.
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«¿Por qué es bueno que vaya su brigada médica y no nuestra brigada médica? Cuando hay un desastre natural y población que está sufriendo, no se puede politizar», cuestionó Vásquez.
Subrayó que el Gobierno tiene la obligación de atender a las personas afectadas como parte del derecho a la salud de todos los nicaragüenses, sin embargo, usa la emergencia como campaña política en tiempo electoral. «No se puede subir la imagen de personas que han lesionado a la población nicaragüense. No es ético, no es profesional, no es humanitario», indicó.
Sonia Castro es la Mengele de Ortega
«Sonia Castro es el arquetipo del militante fanático de un partido que prefieren servirle al tirano antes que servirle al pueblo», dijo por su parte el politólogo y opositor, Félix Maradiaga.
El integrante de la Unidad Azul y Blanco (UNAB) y Coalición Nacional (CN) criticó que «la historia está llena de personajes así, incluso médicos que traicionaron su juramento hipocrático».
«Sonia Castro es la Mengele de (Daniel Ortega)», resaltó Maradiaga, en referencia a Josef Mengele, médico oficial de la SS de la Alemania nazi, súbdito de Adolf Hitler, que realizó experimentos mortales con los prisioneros de los campos de concentración y exterminio del dictador alemán.
«Eso es lo que prácticamente significan las sanciones que impuso la comunidad internacional sobre ella al ser copartícipe, colaboradora y cómplice de crímenes de lesa humanidad», señaló el dirigente de la UNAB.
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La intención del régimen al enviarla como coordinadora de las brigadas médicas compuestas por epidemiólogos, médicos especialsitas, pediatras, enfermeras, entre otros, es «enviar un mensaje político a la reducida camada de fanáticos». Ortega les dice «si ustedes matan, si han cometido crímenes, si se han manchado las manos de sangre, el régimen los protegerá. Es el mensaje que mandan las mafias: Protegen a sus operadores».
«Esos esfuerzos de lavarle la cara de nada les servirá porque al igual que Mengele también tendrán Núremberg», declaró.
Sonia Castro fue nombrada ministra asesora de la Presidencia el 26 de julio de 2019, cargo que el Gobierno «sacó de la manga» al verse imposibilitado de mantenerla como ministra de Salud, después de un mes que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyera en la lista de sancionados por crímenes contra los derechos humanos.
Castro fue sancionada por Estados Unidos y Canadá en junio de 2019, señalada de ser cómplice de la dictadura durante el estallido social iniciado en abril de 2018, que dejó más de 325 personas asesinadas a manos del órgano represivo de Daniel Ortega y grupos paramilitares.
«El Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte, debido a la falta de atención médica. El personal del hospital recibió órdenes de denunciar a los manifestantes permitiendo que los parapolicías los sacaran de los hospitales, lo que provocó desapariciones forzadas. El Ministerio de Salud amenazó a trabajadores de la salud y despidió a cientos de personal médico que trató a los manifestantes», señala el documento del Tesoro.
