Con 75 votos a favor y 15 diputados que ni se opusieron ni se abstuvieron, la Asamblea Nacional aprobó con trámite de urgencia el decreto legislativo que autoriza un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 130 millones de Derechos Especiales de Giros (DEG), equivalentes a 183.5 millones de dólares, los que según el proyecto enviado por el jefe del Ejecutivo, Daniel Ortega, deberán ser invertidos para asistencia médica y alimentaria de emergencia en la atención a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.
El sindicalista sandinista Roberto González denunció maltrato y persecución contra trabajadores del estado por parte de los mismos sandinistas, ente ellos Gustavo Porras.
Los desembolsos serían bajo la modalidad del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), con lo cual se entregaría la cantidad inicial de 86 millones 670 mil y luego los otros 43 millones 330 mil autorizado comoDEG, los que totalizan los 130 millo. El decreto legislativo aprobado no establece las condiciones del crédito que se asumirá con el organismo financiero internacional.
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La legisladora Azucena Castillo llamó la atención en el sentido que esas gestiones ante el FMI se iniciaron desde el mes de marzo del presente año y el retraso en la aprobación por parte del FMI se debió a la poca confianza que despierta el régimen de Daniel Ortega ante los organismos financieros. Sin embargo, ante la emergencia provocada por el COVID-19, finalmente, ocho meses después se dio el visto bueno. No obstante, la parlamentaria recalcó que el 2020 cerrará con déficit financiero imprevisto que será financiado con préstamos o bonos de Hacienda.
Asimismo, Castillo dijo en el plenario que el proyecto de solicitud del préstamo no deja claro de forma específica en qué se va a utilizar ese dinero, los términos son muy generales, «no sea que el gobierno disponga de estos fondos libremente de cara a un año electoral. El PLC pide que estos fondos sean manejados transparentemente, que los contratos de compra sean públicos. Que sean El PMA (Programa Mundial de Alimentos) y otros organismos de cooperación los que ejecuten y que el pueblo se convierta en auditores».
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El decreto legislativo consta de cuatro artículos. En uno de ellos «se autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (MHCP) y al Banco Central de Nicaragua (BCN) para que en nombre y representación del Gobierno de Nicaragua gestionen recursos ante el FMI bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y el Servicio de Crédito Rápido (SCR) por un monto de 130 millones de DEG, fondos que serán utilizados para proporcionar financiamiento presupuestario directo, incluyendo financiamiento para el Programa de Atención Medica de Emergencia y el Programa Alimentario de Emergencia».
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea, aseguró que habrá más financiamiento y mencionó en un discurso agresivo que «a la oposición le arde que los organismos financieros internacionales estén financiando» al gobierno de Daniel Ortega.
Gutiérrez atacó enfatizando en que «aquellos que reciben dinero y se roban el dinero, son sinvergüenzas, que quieren que se reforme la Ley de Agentes Extranjeros para seguirse robando dinero de nueva cuenta».
«Hay que ser sinvergüenzas para sostener una tesis de esa naturaleza. Suplicamos no hacer politiquería barata de las necesidades de nuestros hermanos de la Costa Caribe. ¡Por el amor de Dios! Dejen de aprovecharse de las necesidades de nuestros hermanos. Todavía tenemos a 10 mil en albergues», dijo el diputado sandinista, como queriendo ignorar que es precisamente su partido el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el que está siendo denunciado por familias damnificadas de estar politizando la emergencia y estar bonificando con las donaciones preferiblemente a sus simpatizantes.
