El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que se siga considerando la situación de la crisis política y social de Nicaragua como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos» y para ello, prolongó, este martes, 24 de noviembre, una orden ejecutiva del 27 de noviembre de 2018 en la que declaró una emergencia nacional para tener a este país centroamericano como peligro latente para la potencia el norte.
A través de una comunicación escrita, dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi, Trump informó al Congreso que envió notificación al Registro Nacional que la emergencia emitida en 2018 seguirá vigente después del 27 de noviembre de 2020.
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La acción del presidente norteamericano la justifica afirmando que en Nicaragua no ha cesado la violencia del gobierno contra los manifestantes que iniciaron a protestar el 18 de abril de 2018 y que el régimen de Daniel Ortega continúa con desmantelamiento de las instituciones democráticas y el estado de derecho en el país.
La decisión de Trump se da porque en Nicaragua persisten «el uso de la violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua».
La comunicación del presidente norteamericano agrega que toda la situación de Nicaragua «continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por esta razón, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua».
De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, esa orden ejecutiva emitida en 2018, amparada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de Estados Unidos, le dieron facultad al Gobierno de Trump para sancionar, como en efecto lo hizo, a figuras representativas del la cúpula del régimen de Daniel Ortega, entre las que se cuenta a la propia esposa de Ortega y segunda al mando de la dictadura, Rosario Murillo. Con esta sanción, la presión de la comunidad internacional empezó a rozar el círculo íntimo de poder de la familia dictatorial.
La orden ejecutiva de Trump incluyó además el congelamiento de propiedades en EE. UU. y prohibición a los ciudadanos y empresas estadounidenses por mantener cualquier tipo de relación comercial con los sandinistas en el poder.
