Bilwi, la capital de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), dos voces golpeada por la fuerza huracanada de la naturaleza, entre escombros e incertidumbre sigue esperando que fluya la ayuda humanitaria que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo tanto está anunciando a través de los medios de comunicación empleados en la propaganda oficial, mientras en los albergues habilitados para los damnificados, el hambre empieza a cundir.
Limborth Bucardo de la organización comunitaria Prilaka (Libertad, en dialecto miskito) dijo a Artículo 66 que en algunos albergues donde están los damnificados ya están pasando hambre.
«Aquí el Gobierno no ha traído la ayuda que dicen. Han dado algunas cositas pero no son suficiente, algunas láminas de zinc, algunos alimentos pero muy poco, además están beneficiando más a sus simpatizantes, están politizando la ayuda y lo poco que andan dando lo están aprovechando para hacer proselitismo», dijo el líder comunitario.
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Ya han transcurrido 18 días del paso de Eta y cinco días que Iota acabó de derribar lo que su antecesor había dejado medio en pie y aún no fluye la ayuda pese a que el pedido lanzado por el régimen a algunos organismos internacionales, ha sido respondido casi inmediato.
Según una publicación del medio de comunicación alemán DW, uno de los primeros en responder positivamente a la solicitud de ayuda del Gobierno de Nicaragua para socorrer a la población afectada por Eta e Iota fue el pueblo y gobierno de Alemania, que envió asistencia humanitaria junto a España, Taiwán, Estados Unidos, Suiza y los principales organismos financieros multilaterales.
DW publica que tras el paso de Eta, el pasado tres de noviembre, el Gobierno alemán entregó un millón de euros a través del Programa Mundial del Alimentos (PMA), de las Naciones Unidas, de los cuales 400.000 fueron para Nicaragua. Además, dos semanas más tarde, con el desastre provocado por Iota, la cooperación alemana subió a dos millones de euros más.
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El embajador de Alemania en managua, Christoph Bundscherer, dijo a DW que “ya tenemos 3.567.000 euros para Centroamérica», «Podemos decir que los países más afectados son Nicaragua y Honduras, así que recibirán la mayor parte de los últimos dos millones de euros», detalló.
No obstante las muestras de solidaridad mostradas por Alemania, es uno de los países de la Unión Europea que ha aprobado sanciones contra funcionarios y allegados a Daniel Ortega, por considerar que se cometieron graves violaciones de derechos humanos tras la revuelta social de 2018. Sin embargo, el embajador Bundscherer dijo al medio de comunicación de su país que su gobierno brinda ayuda «donde los seres humanos la necesitan».
«Esto es completamente independiente de la situación política. La ayuda humanitaria no es una ayuda política, va para los más necesitados que han sufrido tanto», dijo el diplomático para luego precisar que la ayuda no es entregada directamente a los gobiernos sino al PMA, que administra su distribución.
Bucardo explicó a Artículo 66 que los activistas políticos del sandinismo andan haciendo censos y más censos para mandarlas al gobierno central y con eso pedir ayuda a la comuniad internacional pero mientas el gobierno hace sus censos, los damnificados estan empezando a padecer hambre, la intemperie por falta de casa o techo y la desesperanza.
«Es que ni siquiera nos habíamos recuperado del paso de Eta, algunas familias ni siquiera habían terminado de limpiar sus patios o incluso no había regresado a sus comunidades cuando vino Iota. Esto ha sido terrible, hay gente que no sabe qué hacer, hay tristeza, desesperanza», dijo Bucardo.
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La vocera gubernamental, Rosario Murillo, ha insistido que el Gobierno que preside su marido está pidiendo ayuda a la comunidad internacional para socorrer a las víctimas de los dos huracanes.
Por su parte, la abogada Martha Molina, experta en temas de transparencia y anticorrupción ha dicho en varias ocasiones que el Gobierno de Daniel Ortega no es confiable para canalizar la ayuda internacional destinada para la recuperación post huracanes debido a que la administración Ortega-Murillo está considerada como la tercera más corrupta de Latinoamérica según los análisis del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que vigila la corrupción y el financiamiento al terrorismo.
