Los servicios de agua potable y de aguas residuales para la población nicaragüense podrían ser privatizados próximamente mediante la reforma a la actual Ley General de Aguas Nacionales, en vigencia desde el 2007, de acuerdo con la iniciativa que presentó el Ejecutivo, la que se encuentra en proceso de consulta en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, encargada de dictaminarla para su aprobación.
La iniciativa contempla reformas a 59 artículos de los 155 que tiene la ley en vigencia, entre ellos los referidos a la forma de administración de las cuencas y fuentes de agua, así como la administración de los servicios de agua potable y para ello desaparece el estatal Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA), que sería absorbido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que se convertirá en un «poderoso ente estatal que, haciendo de juez y parte, se encargará de vender concesiones a empresas privadas para que le presten el servicio de agua potable y saneamiento a la población y a la vez regular el uso del agua en el país, es decir, va a vender y va a regularse a ella misma y a los concesionarios», explicó Ruth Selma Herrera, experta en el tema y expresidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).
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De acuerdo con Herrera, la iniciativa de Ley reforma artículos muy importantes como el dos que establece que «son objetivos particulares de esta ley: a) Ordenar y regular la gestión integrada de los recursos hídricos a partir de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas e hidrogeológicas del país. b) Crear y definir las funciones y facultades de las instituciones responsables de la administración del sector hídrico y los deberes y derechos de los usuarios, así como, garantizar la participación ciudadana en la gestión del recurso. c) Regular el otorgamiento de derechos de usos o aprovechamiento del recurso hídrico y de sus bienes».
En la nueva ley que está impulsando el Gobierno de Daniel Ortega, ese mismo artículo ahora establece, en su inciso c) «Regular el otorgamiento de derechos de uso o aprovechamiento del recurso hídrico y de sus bienes» y en el apartado d) Garantizar el suministro de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en cantidad, calidad y continuidad a través de los prestadores de servicios conforme a las leyes de la materia».
Estos artículos reformados, de acuerdo con la expresidenta de Enacal, son los que dejan abiertas las puertas para la entrada en escena de empresas privadas que recibirán concesiones de parte de ANA para prestar el servicio de agua potable a tarifas antojadizas según la empresa que reciba la concesión.
No obstante, la misma propuesta refleja que «el servicio de agua potable no será objeto de privatización alguna, directa o indirecta, y será considerado siempre de carácter público. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado». A este artículo le suprimieron la parte final que indica en la presente ley que el la vigilancia la ejercerá el Estado «a través de las instituciones creadas para tales efectos o de las que se creen en el futuro».
La exdirectora explica que ese artículo cuatro no es más que un «eufemismo que dejan en la ley para tratar de no provocar oposición a la reforma». Asimismo, Herrera llama la atención en el hecho que la nueva normativa que estarían aprobando los diputados deroga casi todos los artículos destinados a proteger las cuencas de agua y los dos principales cuerpos de agua del país que son los lagos Cocibolca o Xolottlán.
«La reforma de la Ley de Agua deroga el artículo 97 dedicado a proteger el Lago Cocibolca porque seguramente es uno de los cuerpos de agua que van a segmentar para vender el agua. Además, derogan el artículo 98 que promueve el rescate del Lago Xolotlán. Derogan el artículo 129 que establece los delitos ambientales sobre los cuerpos y cuencas de agua. Con esa reforma quitan las barreras de proyección del medio ambiente y dejan desprotegidas las cuencas de agua«, denunció la defensora de los consumidores.
Asimismo, enfatizó que el Estado establece que el usuario del servicio de agua potable y de saneamiento deberá pagar en su factura un excedente del tres por ciento del total del pago de su servicio que será destinado para financiar el funcionamiento de ANA.
COSEP se opone a reforma
El presidenta del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, dijo en su conferencia de prensa semanal que el gremio empresarial está estudiando la iniciativa presentada por el Ejecutivo y que un equipo de especialistas analizan artículo por artículo para hacer sus observaciones al gobierno.
En un comunicado oficial emitido por el Cosep, los empresarios acusan al Gobierno de seguir acaparando funciones de servicios con el único fin de recaudar dinero y a la vez politizar esos servicios.
«La decisión de hacer desaparecer al INAA y hacer de la ANA una instancia con funciones y recursos extraordinarios obedece a la voluntad política del gobierno de controlar, centralizar politizar y seguir instrumentalizando conforme sus intereses partidarios, el quehacer público; lo cual se agrava más, cuando dichas funciones son trasladadas a una institución pública altamente cuestionada por su alta discrecionalidad, falta de transparencia, actuaciones arbitrarias y bajo nivel de eficiencia», advierte el comunicado del Cosep.
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El empresariado agrega que «la habilitación legal para que la ANA pueda desarrollar las funciones que se le asignan, evidencia nuevamente la voracidad recaudatoria del gobierno, por cuanto ahora no solamente se sostendrá del Presupuesto General de la República, como lo hacía el INAA, sino también de cobros relacionados con servicios que debe prestar, cuyos costos y tarifas no se plantean transparentemente, y por sanciones administrativas, todo lo cual resultará en un incentivo perverso para seguir acosando y estrujando económicamente a los usuarios y a las empresas».
En tanto, Ruth Selma Herrera, en una entrevista concedida a Artículo 66 llamó a las comunidades a organizarse para defender su derecho al servicio de agua con calidad. «No es posible que nos quieran despojar del derecho al agua. Somos nosotros los que vamos a ir a reforestar para que no hayan devenidos. Somos los nicaragüenses los que les vamos a decir al Gobierno que si no quieren tener el agua, vamos a organizarnos por comunidad, por municipio, por departamentos y hagamos empresas comunitarias de agua y así como hay seis mil empresas rurales de agua, vamos a hacerlo, pero no podemos permitir las locuras de alguien que le quiere engordar la bolsa a empresarios privados, extranjeros quizá , o nacionales. Con el agua no se hace negocio, es vida, es esencial».
Por su parte, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista Jimmy Obando, aseguró que la bancada de su partido está estudiando muy cuidadosamente la reforma a la Ley 620, con la que el régimen Ortega-Murillo podría estar privatizando el servicio de agua potable para la población y que no apoyarán esa iniciativa.
«Es una política partidaria, es un principio de nuestra bancada que no vamos a apoyar ninguna iniciativa de ley que vaya en detrimento de los derechos del pueblo. No vamos a apoyar a esta dictadura (de Daniel Ortega) en nada que afecte a la población. Estamos estudiando muy bien todas las propuestas y si esta de reforma a la Ley de Agua afecta a la sociedad nosotros de hecho nos vamos a oponer», sostuvo el legislador liberal.
Ortega HP
Bueno ya saben entonces a menos de quie va a parar el sistema de acueductos me imagino que ya tiene sus testaferros listos y bueno otra forma de ahogar a los puchitos que son el 80 por ciento de la poblacion