Con 70 votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones, los diputados sandinistas, obedeciendo las orientaciones de Daniel Ortega, aprobaron en primera legislatura, este martes, 10 de noviembre; la ley de reforma a la Constitución Política de Nicaragua con la que establecen la pena de prisión perpetua que entrará en vigencia una vez se ratifique en segunda legislatura el próximo año. A la normativa, los parlamentarios le dieron el visto bueno sin especificar a qué tipo de delitos será aplicada y se limitaron a decir que la pena es contra los delitos de odio.
La dictadura concentró su reforma en dos párrafos de los que en realidad, el segundo es una excepción a la disposición constitucional actual. Con la modificación, la norma queda de la siguiente manera: «Artículo 37. La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de treinta años», dice la primera parte.
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Y luego establece que ‹‹Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia regulará su aplicación», dejando a discreción de los operadores judiciales del régimen los delitos y personas que generen ese tipo de emociones.
Los diputados que votaron en contra de instaurar la prisión perpetua fueron los 14 que conforman la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), más el representante de Yatama, Brooklyn Rivera, y Alejandro Mejía Ferreti, presidente del partido Alianza Liberal Independiente (ALN). Los diputados de la bancada ALN-PLI y Apre se abstuvieron.

Sectores de la oposición, así como organismos defensores de derechos humanos han llamado la atención sobre el tema de la prisión perpetua, pues el régimen de Daniel Ortega ha insistido en aplicar esa máxima pena a «delitos de odio» sin ahondar a qué tipo de hechos se refiere. Rosario Murillo ha catalogado las protestas sociales y las actividades de oposición a su gobierno como «actos de odio» y hasta ha acuñado una consigna entre sus fanáticos y que se la dirige constantemente a la oposición política que les dice «odio nunca más», refiriéndose al estallido social del 2018.
El diputado Brooklyn Rivera, diputado del partido político regional Yatama, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, se opuso a la iniciativa de ley argumentando que viene a criminalizar la defensa de las tierras indígenas que están siendo invadida por colonos armados a la vista y paciencia de las instituciones del gobierno que no hacen nada por detenerla.
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«Desde los pueblos indígenas consideramos que esta iniciativa abre las puertas para dejar más vulnerable a los pueblos indígenas. El Estado de Nicaragua tiene la obligación de proteger las propiedades indígenas al igual que toda las formas de propiedad, pero no les hace caso a las propiedades indígenas. Nuestras propiedades están invadidas por colonos, mineros, monocultivos, por las empresas que buscan la explotación de los recursos naturales a pesar que el ordenamiento legal de nuestro país protege las formas de vida y la propiedades nuestros pueblos, estamos siendo desprotegidos porque las instituciones del estado que hacen caso omiso a las disposiciones y ahora esta ley vendrá a criminalizar a los indígenas que defendemos nuestras tierra a y a los defensores de los pueblos indígenas», apunto Rivera.
El diputado agregó que «con esta iniciativa de ley de reforma del artículo 37 (de la Constitución Política), en su artículo primero dice que va dirigido contra delitos graves cuando concurra circunstancias de odio, ya con la Ley de Ciberdelitos, refiere a la apología de los delitos a través de la tecnología, eso llevará a cuando los indígenas defienden sus tierras y van a aplicar esta ley. Con esta reforma se abre la puerta legal para que los miembros de los pueblos indígenas, sus lideres y sus defensores sean criminalizados y judicializados, los condena. Dentro de la violencia de los colonos armados, los defensores serán acusados por delitos graves en ciscunstancias de odio», insistió el diputado que representa a los pueblos de la Costa Caribe.
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Por su parte, el diputado sandinista Carlos Emilio López, como leyendo un discurso redactado por Rosario Murillo, expresó que «la prisión perpetua cumple una función preventiva contra actos inicuos, horrendos porque envía un mensaje de persuasión para que no se cometa delito contra nuestros familiares, nuestros vecinos. porque los que lo cometan tendrán la conciencia de que recibirán una condena perpetua. Es para decirle al odio nunca más, desterrar la cultura del odio».
Ni falta que hace especificar a qué delitos aplica. Será a cualquier cosa que se les ocurra a la pareja asesina en El Carmen.