El régimen de Daniel Ortega estaría preparando reformas a la Ley Electoral para las próximas semanas, las que no contemplan solicitudes de la oposición como la elección de nuevos magistrados electorales, ni la flexibilización de los requisitos para la formación de nuevos partidos políticos y alianzas, según información extraoficial.
«De manera extraoficial, desde la semana pasada, sabemos que el gobierno estaba preparándose para entrarle al tema de la reforma y convocar a los partidos políticos. Lo que sí sabemos es que esa tema se va a reactivar pronto», confirmó a Artículo 66 José Antonio Peraza, del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE).
El proyecto de Ortega se enfoca en «aspectos técnicos de la Ley, como el padrón electoral, la composición de las Juntas Receptoras de Votos, y el papel de los fiscales», señala el medio de comunicación CONFIDENCIAL con base en fuentes vinculadas al partido Frente Sandinista.
Según el medio de comunicación, Ortega excluyó reformas constitucionales dejando vigente la reelección presidencial, la diputación al presidente saliente llamada «diputación regalada», la diputación al candidato que queda en segundo lugar en los comicios, así como la posibilidad de que su pareja, en este caso Rosario Murillo, pueda ser candidata; cuyas reformas requieren una doble legislatura.
Tampoco incluye el establecimiento del umbral del 50 por ciento más uno, para ganar la elección presidencial, es decir, restablecer la segunda vuelta electoral.
Por tanto, Ortega estaría cocinando reformas que podrían ser aprobadas en la presente legislatura con el 60 por ciento del voto favorable de los diputados ante la Asamblea Nacional, dominada por el partido de gobierno.
Noticias relacionadas: Presentan propuesta de reforma electoral para acabar con la reelección presidencial y volver al 50+1
«La Ley Electoral no exige dos legislaturas. Es decir, en esta legislatura que concluye el 15 de diciembre, podrá el gobierno, a través de su bancada en la Asamblea Nacional, aprobar las reformas electorales», señaló el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez a Artículo 66.
El experto explicó que la iniciativa de reforma lleva un proceso similar a una ley ordinaria con la excepción que se «tendría que conformar una Comisión Especial dictaminadora, que tendría un plazo máximo de 60 días para dictaminar el proyecto de reforma».
Por su parte, el politólogo Peraza manifestó que «no le extraña» que el gobierno esté pidiendo cambios someros porque Ortega «va a tratar de hacer la menor cantidad de reforma posible». «Va a depender de la oposición qué es lo que se le demande y las posiciones firmes a la hora de la negociación», indicó Peraza.
«Lo que hay que esperar es cuando ya se sienten en la mesa de negociación o de intercambio para ver en qué va a quedar eso», añadió, recalcando que se desconoce si el régimen va a consensuar las reformas con los partidos representados en el Parlamento o si invitará a la sociedad civil y demás alianzas.
A inicios de año, una fuente ligada a la Presidencia informó a Artículo 66 que el régimen podría entregar tres o cuatro personalidades jurídicas a nuevos partidos o movimientos, y no se aventurará a negociar una reforma solo con los partidos políticos que tienen presencia en la Asamblea Nacional, pero tampoco se sentarán con organizaciones como la Alianza Cívica. La reforma sería negociada con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Noticias relacionadas: Daniel Ortega prepara “anzuelo” en una reforma electoral para pulverizar a la oposición
«Hay unas condiciones habilitantes que son fundamentales: Sin liberación de presos políticos y libertades, ¿Qué vamos a ir a hacer a una elección? Nada. Hay temas que no son negociables para mí y yo estoy seguro que para el GPRE (Grupo pro Reformas Electorales) que sin observación electoral, no hay elección y sin libertades tampoco porque cómo va a hacer campaña (la oposición)», señaló Peraza.
«Tenga por seguro que el régimen va a hacer reforma y que además va a haber elección, eso téngalo por seguro. Lo que no sabemos es si esas elecciones van a tener las condiciones necesarias para poder tener una elección libre, justa, observada que es lo que todos queremos», añadió.
Noticias relacionadas: OEA aprueba resolución contra régimen de Ortega que insta a reformas electorales
Álvarez, por su parte, manifestó que «si el gobierno va a imponer una reforma electoral a todo el país, eso no va a funcionar. Si el gobierno no se abre a escuchar las demandas de la población y sectores sociales y políticos, no va a servir, puede ser que gane tiempo, que pueda evadir algunas situaciones, muchas cosas pueden ser (pero hago) una exigencia al gobierno y su bancada para que tomen en serio la oportunidad de ir resolviendo la crisis y los gravísimos problemas sociales y económicos»
