La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no pudo encontrar un mejor momento para tratar de blandir una amenaza contra la oposición, tan cruel como la cadena perpetua, que un crimen contra dos niñas de Mulukukú, ahora se aprovecha de la violencia contra las mujeres y niñez para promover desesperadamente una ley que pretende usar contra sus adversarios.
No obstante la premura que muestran Ortega y Murillo tendrá que esperar al menos hasta después del 10 de enero del próximo año para aprobar y estrenar su pena de cadena perpetua, según explicó el constitucionalista Gabriel Álvarez.
«En principio, para reformar una ley ordinaria como el Código Penal, Ortega no necesitaría mayores maniobras políticas pues cuenta con los votos necesarios en su bancada legislativa, sin embargo, para instaurar la pena de cadena perpetua, que roza con la Constitución, sí debe primero hacer una reforma parcial a la Carta Magna y eso solo es posible en dos legislaturas, así que debe introducir la iniciativa de reforma parcial a la Constitución en este período legislativo antes del 15 de diciembre y aprobarla en el próximo periodo legislativo que abre el 10 de enero del 2021», explicó Álvarez.
Por su parte, el jurista y exdiputado José Pallais coincidió con Álvarez y resumió que esta iniciativa, para poderla ejecutar, necesitan antes reformar la Constitución, que en su artículo 37 establece que una pena por cualquier delito o por la suma de delitos no puede exceder los 30 años. También roza con el artículo 39 de la Carta Magna que determina que el objetivo de un sistema penitenciario es la reinserción de quien haya delinquido, «pero con la cadena perpetua no se reinserta nadie, porque sale de la cárcel al cementerio», valoró el jurista.
Pallais también evaluó que esta disposición de cadena perpetua violaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Este acuerdo internacional establece en su artículo 5, relativo a los derechos e integridad personal, en su inciso 2, que «nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano». El abogado Pallais insiste en que «las penas a cadena perpetua son inhumanas».
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Igualmente, en en el inciso 6, del mismo acápite, el Pacto de San José establece que «las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados».
«Para poder redactarla esa ley primero debe reformarse la Constitución, primero debe reformarse esos dos artículos de la constituación, y eso que siempre violaría el Pacto de San José», determinó Pallais, quien insiste que por esa obligatoriedad constitucional de las dos legislaturas, la ley tendría que esperar hasta después de la primera sesión legislativa del nueve de enero de 2021.
Ortega exhibe que manda sobre la CSJ
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez dijo que llama la atención la forma en que pusieron en discusión pública la aplicación de esa pena de cadena perpetua, pues de manera casi humillante ordenan a otro Poder del Estado, que se supone que es independiente, y eso pone en duda ya la legítima intención de la reforma penal que se pretende y que demuestra la no idoneidad de los administradores de justicia para aplicar una pena tan severa.
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«Un dato que me parece relevante destacar es la manera en que el señor Ortega dice que le ordenó a la Corte Suprema que propusiera una reforma a una Ley que rosa con al Constitución, en principio la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para ejercer la iniciativa de ley, eso es una falta de respeto a los propios magistrados, y en segundo lugar, eso demuestra que esa Corte Suprema no es idónea, no es confiable. Es muy importante hacer notar que no podemos tener jueces o administradores de justicia subordinados al poder político, no podemos tener jueces dependientes, parcializados y sometidos al poder político, eso es peligroso, puede fallar cualquier otro poder del estado pero no el Judicial porque el Poder Judicial es la clave de bóveda, es la llave del estado de derecho y de la democracia», dijo el abogado.
Recolección de firmas es un show
La desesperación por tener en sus manos ese instrumento jurídico para amenazar a sus adversarios políticos llevó a los dictadores a poner en marcha todo su aparato político y de agitación para tratar de darle legitimidad y arraigo popular a un deseo personal de los tiranos, y lanzaron a las calles, casa a casa y centros de trabajo a sus adeptos para levantar firmas que utilizarán como «respaldo político» a la instauración de la pena de cadena perpetua, sin embargo esas firmas no las necesitan pues la voluntad de Ortega ya está dictada y así se hará, de acuerdo con el analisis que hace el abogado y experto en derecho constitucional.
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Según el constitucionalista Álvarez, la recolección de firmas que ordenó el régimen a sus militantes, es un acto meramente político y populista que intenta dar una muestra de demanda popular a lo de la cadena perpetua, pero que en materia legal esas firmas no tienen validez pues al Código Penal debe pasar primero por una reforma parcial a la Constitución y ahí, las firmas populares no tienen ninguna incidencia.
