El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) prepara un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, afirmó el presidente del gremio empresarial, Michael Healy, durante la conferencia de prensa virtual de este miércoles, 21 de octubre.
El sector ve con «preocupación» la ley de Daniel Ortega, aprobada el jueves, 15 de octubre, y publicada cuatro días después en el Diario Oficial La Gaceta, para su respectiva entrada en vigencia. A partir de entonces, el gremio empresarial tiene sesenta días para interponer el recurso ante la justicia sandinista.
«Nos preocupa porque lo que seguimos viendo es una represión, es una ley que está articulada para seguir inhibiendo y reprimiendo a los nicaragüenses, como la criminalización a las personas que se inscriban en esta ley (…) y los inhibe de participar en temas electorales como candidatos a cargos públicos. Esto es totalmente violatorio a los derechos constitucionales», manifestó Healy.
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La normativa es criticada por diversos sectores, por ser considerada un instrumento legal de la dictadura para controlar los fondos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), así como fiscalizar a los medios de comunicación independientes y las organizaciones políticas opositoras.
El empresario explicó que «una ley que está por debajo de la Constitución Política» no puede inhibir a quienes aspiran a participar en la administración pública; y por el contrario, la ley representa un instrumento jurídico que aumenta la represión contra los actores políticos opositores. «Sigue la agresión, la persecución. Vemos semanalmente como las organizaciones políticas y movimientos políticos que están tratando de entrar al territorio para organizarse, los están asediando», denunció el empresario, también miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
La pretensión del régimen de Ortega por controlar y limitar la participación política se suma a la persecución fiscal que el gobierno desató contra el empresariado, añadió el presidente del Cosep.
Muy bien, solo que este recurso legal seguirá su curso habitual en esta dictadura hasta ser depositado en una ” gaveta institucional” o en algún inodoro estatal. Bueno, el peor esfuerzo es el que no se hace.