La sustitución del recién sancionado Paul Oquist en empresas afines al gobierno representa el golpe político y económico de las sanciones estadounidenses en contra del régimen de Daniel Ortega, además refleja el fracaso de Oquist como operador de la dictadura en la esfera internacional, indicaron políticos.
«La remoción de Paul Oquist de la junta directiva de Petronic y Eniminas es solo la punta del iceberg del efecto de las sanciones más recientes. Oquist ha sido uno de los principales operadores internacionales del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) y de la familia Ortega, desde finales de los años 70. Sus diversas posiciones gubernamentales seguramente se entremezclan con varias sociedades e inversiones provenientes del dinero venezolano», explicó el politólogo Félix Maradiaga.
El estadounidense nacionalizado nicaragüense, y secretario privado de la familia presidencial Ortega-Murillo, Paul Herbert Oquist Kelley, se unió a la lista de sancionados por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos el nueve de octubre, junto a la fiscal Ana Julia Guido y la cooperativa de ahorro bajo el mando de la dictadura Caja Rural Nacional (Caruna).
No corrió mucho cuando Ortega lo removió de su cargo como miembro de las juntas directivas de la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) y la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
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Oquist trabajaba de la mano con el también sancionado Francisco López, tesorero del gobernante FSLN, quien se vio en la obligación de dejar la presidencia de Petronic y Enimosa en el 2018, a pocos días de haber sido sancionado por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky.
El dirigente opositor Maradiaga agregó que, de esta manera, se «golpea la billetera del círculo inmediato al poder».
En esa línea, el exdiputado José Pallais indicó que la decisión de Ortega demuestra que «quiere proteger esas empresas, porque son importantes para los negocios del régimen de Daniel Ortega. (En las empresas) maneja recursos, tienen trato comerciales, tienen relaciones con empresas y con bancos que no permiten la participación de un sancionado que afecte su capacidad comercial».
De esta forma, Ortega vuelve a demostrar que ante todo «trata de salvar la operatividad de estas empresas sustituyendo a un funcionario». Pallais agregó que se trata de un «golpe político porque es uno de los principales asesores de Ortega y principales representantes en la escena internacional. «El régimen está aislado en todas las áreas: económicas, políticas e internacionales», dijo Pallais.
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«Otro mensaje es que el brazo de la justicia internacional es largo y no tiene excepciones. Oquist se sentía intocable por haber sido funcionario de Naciones Unidas y ciudadano norteamericano. Nada de eso le valió. Su triste papel más reciente era el de tratar de reclutar a las pocas voces internacionales de la izquierda más jurásica que aún podía defender a Ortega. No solo fracasó en ese papel, ya que Ortega está solo y aislado, sino que se ganó una severa sanción internacional», añadió Maradiaga.
Mediante Acuerdo Presidencial publicado este jueves, quince de octubre, Oquist Kelley fue sustituído por Marco Aurelio Rivas Kauffman, hasta ahora, un operador «desconocido». Según información pública, Rivas Kauffman, es ingeniero eléctrico, graduado de la Universidad de Ingeniería (UNI) en Managua, en el año 2012.
A partir de ahora, será la cara pública de Petronic, empresa que maneja el 49 por ciento de las acciones de Albanisa, también restringida tras las sanciones a la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en 2019. A su vez, ocupará el cargo en Eniminas, empresa cuestionada por sus alcances al negociar la explotación minera supuestamente sobre áreas protegidas.
