La jueza Eveling Jiménez, Juez Segundo de Ejecución y Embargos del Municipio de Managua, dio la orden para embargar cinco lotes de la Inmobiliaria Intermezzo del Bosque, un pozo que abastece al residencial y la casa de Victoria María Lacayo Cabrera, suegra del opositor Juan Sebastián Chamorro, supuestamente por incumplimiento de obligaciones con la Alcaldía de Managua, a quien aseguran se le debe en impuestos sobre bienes inmuebles nueve millones 478 mil córdobas.
La comuna alega que entre 2017 y 2019 la familiar del director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) ni siquiera presentó su declaración de ingresos sobre las propiedades que le pertenecen y solo se benefició con las ganancias. Los enviados del régimen, en la notificación advierten que la parte afectada tiene solo tres días para «formular oposición».
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Victoria Lacayo Cárdenas, hija de la afectada y esposa de Juan Sebastián Chamorro, denunció a través de sus redes sociales que la medida forma parte del «terrorismo fiscal» implantado por el régimen orteguista y que el embargo está muy por encima de lo reclamado por la Alcaldía, lo que convierte esa acción en otra ilegalidad más.
Por su parte, el miembro de la Alianza Cívica sostuvo que ese ataque busca amedrentar, amenazar, intimidar y arrinconar a su familia por ser opositora y que al mismo tiempo es un mensaje para que cualquiera que adverse a los Ortega-Murillo sepa que la estocada puede venir por cualquier vía.
Cuatro médicos, de 12 que demandaron el reingreso a su centro laboral, denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que el juzgado Cuarto Distrito del Trabajo de Managua no dio lugar a la demanda interpuesta, luego que fueron despedidos en el contexto del COVID-19, como represalia por haber exigido un digno trato laboral y mejores condiciones frente a la pandemia.
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Los médicos a los que el régimen de Daniel Ortega se negó a reintegrar son: las doctoras Marianela Escoto, Leonor Eugenia Morín Muñoz, Nubia Olivares y el doctor Fernando Rojas, los que refirieron que la dictadura ha politizado estos casos, únicamente por haber «sido coherentes en hablar de los contagios en los meses de mayo y junio (de 2020)». Ahora, tienen ocho días para apelar al fallo.
El Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua presentó su informe semanal que incluye los datos sobre la situación del coronavirus en el periodo comprendido entre el 29 de septiembre y el seis de octubre de 2020. Según los cifras oficiales, en el país solo se registraron dos decesos por COVID-19 y 94 casos nuevos, tres pacientes menos en comparación con la semana anterior. Con ello, de acuerdo con los números del régimen, en la nación, desde que se dio a conocer el primer caso a mediados de marzo, hay un total de 5,264 casos confirmados por coronavirus y 153 decesos.
La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, siguió atacando a la oposición de Nicaragua, a quien acusa de promover el odio en el país. Esta vez la vocera gubernamental, los tildó de tóxicos, venenosos, negativos y de enfrentarse unos a otros, recalcando que, según ella, la apuesta de esos grupos es desestabilizar y sembrar el caos en la nación.
