La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) presentó su primer manifiesto político, en el que continúa manifestando que su objetivo principal es «la pronta salida del poder de los Ortega–Murillo por vías democráticas», lo que implicaría esperar a un proceso de elecciones generales para noviembre de 2021.
En el documento que los dirigentes de la UNAB leyeron durante el acto de conmemoración del segundo aniversario de la fundación de esa organización opositora, se establecen nueve «demandas urgentes» y 13 compromisos con los que, según dicen, pretenden acelerar la caída de la dictadura e iniciar la «refundación de un país democrático».
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«El objetivo principal de esta Unidad Nacional Azul y Blanco es construir una Nicaragua con democracia, libertad, justicia, institucionalidad y respeto a los derechos humanos. Para alcanzarlo, es indispensable la pronta salida del poder de los Ortega–Murillo por vías democráticas», dicta el manifiesto leído por la dirigente de la UNAB y miembro de la Coalición Nacional, Tamara Dávila.
Demandas urgentes
Asimismo, la UNAB, establece como demandas urgentes en el contexto de represión que vive el país, que «cese inmediato de la represión, amenazas, acoso, agresiones, desapariciones y desplazamientos forzosos, secuestros, capturas, violaciones sexuales, femicidios, torturas y asesinatos a la ciudadanía que defiende sus derechos».
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De igual forma, señala como prioridad urgente la «libertad inmediata de las prisioneras y prisioneros políticos y el fin de la criminalización y judicialización del derecho a las protestas».
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Pese el corto tiempo que queda para que se realicen comicios generales, en caso que Daniel Ortega las permita, la organización insiste que se realicen elecciones anticipadas de carácter municipal, regional y nacional, a corto plazo, con un poder electoral reestructurado y observación nacional e internacional,
También la agrupación opositora incluye entre sus demandas urgentes el cese a despidos, intimidaciones y represalias a los empleados públicos y que no se les siga obligando a realizar ninguna actividad política partidaria y que paren las represalias gubernamentales hacia los policías que se niegan a cumplir las órdenes de reprimir a la ciudadanía.
Los azul y blanco asumieron públicamente compromisos entre los que se destacan «que no haya impunidad ante los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo y que se aplique la justicia transicional, basado en la verdad, justicia reparación y garantías de no repetición. Investigación, búsqueda e identificación de las desapariciones forzosas, y el resarcimiento de las víctimas».
Sanciones a los represores
Prometen en su manifiesto que buscarán el desarme y disolución de los cuerpos paramilitares creados por el régimen Ortega-Murillo y la destrucción de las armas decomisadas, así como «la reestructuración de la Policía Nacional y depuración de sus mandos. Sanciones de acuerdo a la ley a los oficiales y efectivos que ordenaron y ejecutaron asesinatos y todo tipo de actos represivos contra la ciudadanía y que se reconozca a los policías que se negaron a reprimir a la población».
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También se comprometen a procurar el reintegro a sus puestos de trabajo de profesionales de la salud, educación y otras instituciones del Estado despedidos por razones políticas, al establecimiento de la autonomía universitaria; y el respeto de la autonomía de la Costa Caribe.
