Luego que el 23 de septiembre, la juez orteguista Deyanira Traña dictó veredicto de culpabilidad en contra de la periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, de Bluefields, por los delitos de calumnia a dos extrabajadoras de la Alcaldía del Municipio de El Rama; este martes, 29 de septiembre, se leyó la sentencia donde se le impuso la pena mínima de 120 días multa, equivalentes a 7,684.58 córdobas.
El abogado Boanerges Fornos, defensor de Salazar, anunció que apelarán el fallo, porque consideran que los hechos no se ajustan a un proceso penal. Además, dijo que existe la posibilidad que la parte acusadora no esté de acuerdo con el dictamen y también quiera llevarlo a apelación, «no solo por la culpabilidad, sino por la imposición del pago de los días multas».
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Fornos también informó que tienen 10 días para apelar la sentencia que consideran injusta. «En la apelación esperamos que se revoque la sentencia, porque aunque la pena impuesta sea la más baja, no hay un hecho que constituya delito y las pruebas no lo demostraron. Confiamos en que la juez acoja los argumentos de la defensa y que haya un fallo de no culpabilidad, donde no se le imponga (a Kalúa Salazar) ningún tipo de multa».
Condena injusta
Por su parte, Kalúa Salazar refirió a Artículo 66 que la sentencia impuesta por la justicia de la dictadura es injusta y afirmó que esto es otro golpe a la prensa independiente, «ya que aunque impusieron la pena mínima, la situación económica de los medios de comunicación es crítica. No solo van cerrando y censurando medios de comunicación, sino que ahora los hacen pagar o pagar».
«Esta multa no la puedo aceptar porque no he cometido delito alguno, yo solo cumplí con abrir los micrófonos a una población que tiene derecho a denunciar a los funcionarios e instituciones públicas», reprochó Salazar, quien enfatizó que «de igual forma este proceso al que me llevaron no será impedimento para continuar haciendo el trabajo que hago desde los 17 años».
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El proceso judicial contra Kalúa Salazar dio inicio el 19 de agosto. La jueza Deyanira Traña, del Juzgado Penal Local de Bluefields, admitió la acusación presentada por la Fiscalía, pese a que el abogado defensor Boanerges Fornos objetó que la acusación no reunía los requisitos para elevar la causa a juicio oral y público, sin embargo la judicial desestimó los argumentos.
Las extrabajadores de la Alcaldía Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruiz y Cinia Griselda Centeno pidieron en esa ocasión a la judicial que encarcelara a la periodista o aplicara alguna medida cautelar, como restricción migratoria o presentación periódica al Complejo Judicial, petición que no fue aceptada por la jueza.
La libertad de prensa se mantiene bajo amenaza constante de la dictadura. Al igual que Salazar, también enfrentan juicios la periodista Elsa Espinoza, de la comisión ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), por el supuesto delito de “amenazas”; el periodista David Quintana, de Boletín Ecológico, y William Aragón, denunciados por los delitos de “injurias y calumnias”.
