La mañana de este miércoles, 23 de septiembre, dio inicio el juicio contra la jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, señalada por el supuesto delito de calumnias por parte de tres personas, identificadas como militantes sandinistas.
Los opositores Nelson Lorío, padre del niño Teyler Lorío, menor de año y medio asesinado en la represión de 2018 presuntamente por agentes policiales, y el exatrincherado Balbino Colleman fueron encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote en Managua. El régimen los señala de robar un vehículo, aunque los familiares de los detenidos dicen que los dos acusados ni siquiera saben conducir.
Desde horas tempranas, el Complejo Judicial de Bluefields restringió el acceso a sus instalaciones y se mantuvo resguardado por efectivos policiales, mientras se realizaba el juicio oral y público contra la periodista, llevado a cabo «a puertas cerradas».
La periodista enfrenta la acusación interpuesta ante las autoridades judiciales del Caribe Sur por trabajadoras y extrabajadoras de la Alcaldía de El Rama, que está firmada por las ciudadanas Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruiz y Cinia Griselda Centeno, quienes argumentan sentirse aludidas en una nota publicada por la periodista sobre casos de corrupción en la comuna.
La nota titulada «Se destapa corrupción en la Alcaldía del municipio El Rama» se publicó agosto de este 2020 y ventila el supuesto desfalco de 100 mil córdobas por parte de empleados de la municipalidad.
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«Esperamos que sea una sentencia apegada a derecho, justa. No tenemos acceso, están restringiendo la entrada al Complejo precisamente por este juicio contra Kalúa Salazar», dijo Carlos Eddy Monterrey, editorialista del medio de comunicación, quien se encontraba en las afueras acompañado de reporteros de medios independientes.
Radio La Costeñísima, de Bluefields, ha sido un medio crítico al régimen de Daniel Ortega. Su exdirector y fundador, Sergio León (Q.E.P.D), denunció constantemente la inoperancia e indolencia del Gobierno ante la crisis provocada por el COVID-19.
León también había sido señalado por «injurias» por parte de un simpatizante sandinista, luego que se publicara una información relacionada con el contagio de Coronavirus. La intención del régimen de Daniel Ortega era despojarlo de la emisora radial para callar una de las voces mas críticas contra la dictadura en el Caribe nicaragüense, denunció en su entonces, el periodista fundador.
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El proceso judicial contra Kalúa dio inicio el 19 de agosto. La jueza Deyanira Traña, del Juzgado Penal Local de Bluefields, admitió la acusación presentada por la Fiscalía. Según el abogado defensor de Kalúa, Boanerges Fornos, la acusación no reunía los requisitos para elevar la causa a juicio oral y público, sin embargo la judicial desestimó los argumentos.
Las trabajadores de la Alcaldía, incluso, pidieron a la judicial que encarcelara a la periodista, o aplicara alguna medida cautelar, como restricción migratoria o presentación periódica al Complejo Judicial, petición que no fue aceptada por la jueza.
La libertad de prensa se mantiene bajo amenaza constante de la dictadura. Al igual que Salazar, también enfrentar juicios la periodista Elsa Espinoza, de la comisión ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), por el supuesto delito de “amenazas”; el periodista David Quintana, de Boletín Ecológico, y William Aragón, denunciados por los “injurias y calumnias”.
