Más de 30 organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de varios países del mundo incluyendo a Amnistía Internacional, se sumaron este viernes al rechazo y condena contra la intención del régimen de Daniel Ortega de aprobar la Ley de Regulación a Agentes Extranjeros y la de cadena perpetua con las que, según afirman, la dictadura orteguista pretende arreciar su escalada de represión contra la sociedad civil y la oposición política en Nicaragua.
«Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para que activen urgentemente los oficios a su alcance con el fin de evitar la aprobación de la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros por considerar que su contenido es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y supone una restricción inaceptable de la libertad de asociación y a los derechos humanos en Nicaragua», dice la carta firmada por los defensores.
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Según las organismos firmantes de la carta de rechazo, la Ley de Agentes Extranjeros encarna limitaciones y obstáculos para la labor que desarrollan las organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Además que pondría en riesgo el ejercicio y goce de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Asimismo, exponen que, aunque dicha ley fue tramitada bajo el pretexto de velar por la seguridad del Estado frente a la «injerencia extranjera», el contenido de la iniciativa dispone de varios artículos que, de ser aprobados, podrían ser usados como instrumentos de represión contra las personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de la cooperación internacional para desarrollar su trabajo.
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La iniciativa de Ley, que fue presentada por diputados pertenecientes al partido de Gobierno, leales a Daniel Ortega, define como agente extranjero a todas las organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que dentro de Nicaragua, reciban fondos, bienes, o cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente, de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea.
Ley expresa contra oposición
«El artículo 12 de la iniciativa de ley subraya que las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que actúen como agentes extranjeros deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna, a su vez que establece que los agentes externos tendrían prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua», denuncian los firmantes.
Asimismo, destacan que «de manera preocupante, esta iniciativa se presenta un par de semanas después de que el Poder Ejecutivo iniciara el trámite de una reforma para establecer cadena perpetua para, en palabras del propio presidente (Daniel) Ortega, castigar a personas percibidas como opositoras que cometan crímenes de odio o contra la paz, sin una clara definición de las conductas. Ello podría significar en ciertos casos la represión del ejercicio de la libertad de expresión y asociación».
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«Las organizaciones firmantes alertamos que ambas iniciativas representan una alarmante escalada en el entorno represivo que se vive en Nicaragua. En particular, con relación a las barreras que se impondrían para la defensa de los derechos humanos por parte de colectivos y organizaciones; y los múltiples obstáculos resultantes al monitoreo internacional. Es importante recordar que el artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de promover y proteger los derechos humanos», expresan los organismos nacionales e internacionales que firman el documento de condena.
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En ese sentido, Amnistía Internacional y las mas de 30 organizaciones de la sociedad civil que se sumaron al rechazo de la Ley de Agente Extranjero que promueve la dictadura Ortega-Murillo, hacen un llamado urgente para que «organismos internacionales de protección de derechos humanos y cuerpo diplomático de la comunidad internacional refuercen su compromiso con movimientos sociales, organizaciones y personas defensoras en Nicaragua, a través de la censura de estas medidas, que sin duda provocarán que los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos sean cada vez más difíciles de sostener en Nicaragua».
Entre los firmantes de la condena destacan , ademas de Amnistía Internacional, la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, Asociadas por lo Justo (JASS), Mesoamérica Bienvenida al sur (BAS), Brujas Migrantes, CEJIL, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Comisión de Derechos Humanos Hispan Guatemalteca, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM, Cooperación Comunitaria AC, Escuela para Defensoras Benita Galeana AC, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), entre otras.
