El constitucionalista Gabriel Álvarez afirmó que la ley de cadena perpetua que quiere imponer el gobierno de Daniel Ortega, tendrá que esperar hasta después del 10 de enero del próximo año. El experto indicó que para reformar una ley ordinaria como el Código Penal, el mandatario no necesitaría mayores maniobras políticas porque cuenta con los votos necesarios en su bancada legislativa. Sin embargo, para instaurar la pena de cadena perpetua, que roza con la Constitución, sí debe hacerse una reforma parcial a la Carta Magna y eso solo es posible en dos legislaturas.
La iniciativa que ha anunciado la dictadura de Ortega tiene su ley homóloga con la tiranía de Nicolás Maduro, en Venezuela. La Ley Constitucional contra el odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de Venezuela, fue promovida por el dictador Maduro para aplacar la ola de protestas de la oposición que mantenía a su gobierno en jaque y fue aprobada en noviembre de 2017 para encarcelar y multar a opositores, periodistas y ciudadanos que critican a ese otro régimen.
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La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, usó su monólogo de este viernes, 18 de septiembre, para nuevamente atacar a la oposición y a las representantes de los grupos feministas del país, a las que acusó de cometer crímenes contra lo que llamó «muchachitos antes de nacer».
La vocera gubernamental no se midió y se atrevió a comparar a las defensoras de las mujeres con los responsables de los recientes femicidios y violaciones ocurridas en Jinotega, el Caribe Norte y Managua.
La joven matagalpina Elisa Flores Rivera de 22 años, quien fue asesinada en San José de Bocay, Jinotega, fue sepultada en su natal municipio de La Dalia, en Matagalpa. Los vecinos y amigos que acompañaron su sepelio exigieron justicia y pena máxima contra el femicida. La joven Flores Rivera tenía siete meses de embarazo y fue asesinada en la madrugada del 17 de septiembre.
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El Comité de Familiares de Presos Políticos denunció las constantes violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas los secuestrados por la dictadura orteguista dentro de los distintos sistemas penitenciario de Nicaragua.
Ruth Martínez Ortiz, hermana del preso político Norlan Cárdenas, señaló que las autoridades le están limitando la cantidad de alimentos que le llevan a su familiar, así como las visitas.
Otro de los atropellos que informaron los familiares de los reos de conciencia es que las autoridades del penal no les permiten usar su propia vestimenta a como lo hacen con los reos comunes, sino que los obligan a vestir uniformes azules para poderlos identificar.
