La iniciativa que ha anunciado la dictadura de Ortega tiene su ley homóloga en otra tiranía: La de Nicolas Maduro, en Venezuela. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, de Venezuela, fue promovida por el dictador Maduro para aplacar la ola de protestas de la oposición que mantenía a su gobierno en jaque. Fue aprobada en noviembre de 2017. En la justificacion de la Ley ante la Asamblea Constituyente de su pías, Maduro dijo que «ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, la intolerancia en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente».
En Nicaragua, la vicedictadora Rosario Murillo al anunciar la reforma a la Ley Penal para instaurar la pena de cadena perpetua dijo que «el presidente Daniel ha orientado a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, proponer una reforma a las leyes pertinentes necesarias, para proceder a remitirla a la Asamblea Nacional, proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua, a quienes cometan estos delitos que tipificamos como crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes». El régimen de Ortega ha tildado de crímenes de odio incluso las protestas antigubernamentales.
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La ley venezolana establece como sanción entre ocho a 10 años de cárcel a funcionarios que se abstengan, omitan o no retarden la consumación de un delito de odio y al personal de salud que se niegue a atender a una persona por razones de odio. El artículo 21 establece sentencias de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio, y el artículo 22 legaliza el bloqueo de portales que sean considerados inadecuados por su contenido. La ley indica que la persona que difunda un mensaje de odio en las redes sociales deberá eliminarlo dentro de las seis horas siguientes a su publicación, o de lo contrario deberá pagar una elevada multa.
La ley de Maduro también permite revocar la concesión del prestador de servicio de radio o televisión que promueva el odio o la propaganda de guerra, y señala que los medios de comunicación que no difundan mensajes «destinados a promover la paz, la tolerancia y la igualdad» serán multados con hasta 4% de los ingresos brutos.
Con esa Ley, a los venezolanos se les prohíbe la constitución de movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo establecido en su contenido. Igualmente, se puede revocar la inscripción de las organizaciones políticas que promueven la intolerancia o el odio nacional, según las consideraciones del régimen. Los primeros condenados bajo esa norma juridica fueron dos opositors a los que, segun dos policías denunciantes, los escucharon hablando mal de Nicolás Maduro.
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En Nicaragua, diferentes activistas de los derechos humanos, lideres políticos y grupos feministas han expreso sus serias dudas sobre la intención real de la dictadura al promover cadena perpetua aprovechándose del incremento de la violencia hacia las mujeres pues al presentar públicamente su propuesta, los dictadores hablan de crímenes de odio, tal como se refieren también contra los opositores y es por eso que creen que la reforma a la ley penal que conlleva una reforma constitucional, es realmente una ley contra los opositores políticos.
«Y estamos librando otra gran batalla, otra gran batalla (repite) que pasó por un momento de guerra, destrucción, de muerte, de prácticas terroristas, que no podemos olvidar, no podemos olvidar, no podemos olvidar cómo quemaban, cómo torturaban y como quemaban en abril, mayo, junio de 2018, cómo desaparecían a nuestros hermanos y los martirizaban y los torturaban. Cómo asesinaban trabajadores, cómo asesinaban mujeres, estudiantes, ellos los asesinos, que por mucho que lo quieran ocultar, ellos mismos se encargaron de presentarse como lo que son, como asesinos, porque ellos se encargaron de filmar los momentos en que torturaban a nuestros hermanos, cuando secuestraban a un policía también y lo torturaban, y luego le pegaban fuego. ¡Cuántos muertos, cuántos asesinados!», adelantó Ortega lo que al parecer será la justificación y preámbulo de su nueva ley.
De seguir el curso preestablecido en las normas jurídicas para el proceso de formación de Ley y las reformas parciales de la Constitución que obliga a hacer esa reforma en dos legislaturas, la nueva pena de prisión perpetua podría estar lista para ser estrenada por la dictadura, para finales de enero del 2021, ya en pleno año de elecciones y muy próximo a la campaña electoral.
Lamentablemente no publican los comentarios, Uds sabrán las razones, pero este artículo tiene absoluta verdad. Los dictadores d Venezuela y Nicaragua son asesorados x los cubanos y los rusos. Los dos dictadores hacen exactamente lo q ordenan los cubanos q residen en Nicaragua y Venezuela. Y en este sentido es absolutamente necesario q nos manifestemos los nicaragüenses q no aprobamos lo q hace el moclimandante. Ya es necesario q los famosos empresarios y dirigentes políticos salgan al frente para expresar nuestro desacuerdo. Dónde está CxL? Dónde está Alemán? Dónde está el PRD? Y dónde están todos los otros dirigentes políticos q supuestamente adversan a ortega? Si se analizara bien todo lo q ha pasado desde abril 2018 hasta la fecha, de vería claro q hubiera sido mejor y menos costoso un paro indefinido desde esas fechas, xq ahora hemos sufrido todos los pobres, no sólo los empresarios. Y hasta los batracios rastreros del dúo asesino están pagando las malas decisiones d sus amos, xq también ellos pagan , agua, combustibles, e impuestos. Por estas razones hubiera sido mejor declarar un paro indefinido. Ya es tiempo d despertar, dejar d denunciar y quejarnos solamente, es obligatorio actuar