Imponer cadena perpetua a los femicidas no resuelve el abuso y asesinatos de mujeres en Nicaragua, mientras no se apliquen las leyes que protejan y erradiquen la violencia de manera integral, denunció la Red de Mujeres contra la Violencia.
A través de un comunicado, la organización declara que el aumento sistemático de la represión, irrespeto a las libertades públicas, existencia de presos políticos y ola generalizada de violencia, reflejan el más alto nivel de vulnerabilidad, desprotección y misoginia en Nicaragua.
«Denunciamos que imponer cadena perpetua no resuelve de ninguna manera la violencia puesto que endurecer las penas no funciona si no se trabaja de manera integral para prevenir y erradicar la violencia», señala el escrito.
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El pronunciamiento se realiza en un ambiente de consternación social ante el incremento de feminicidios en el país, siendo uno de los últimos, la violación y asesinato con saña de niñas del Caribe Norte del país, cuya madre ya había interpuesto denuncia de violación hace años, sin recibir justicia.
Aprovechándose del ambiente de indignación social, el régimen de Daniel Ortega propuso cadena perpetua para quienes cometan «crímenes de odio», lo que las mujeres consideran un «juego» contra las víctimas y sus familias, dado que «la solución está en manos del Estado» con la aplicación de la Ley 779 (Ley integral contra la violencia hacia las mujeres) y respuestas oportunas de protección.
La organización contextualiza que los crímenes recientes contra mujeres y niñas «ponen de manifiesto la desprotección estatal e impunidad» y critica la liberación desmedida de reos comunes.
«Estamos indignadas y como ciudadanas de este país exigimos que las instituciones del Estado actúen en consecuencia con su rol, dando trámites a las denuncias de todas las formas de violencias, trabajando en la prevención de los delitos, aplicando las sanciones tal y como lo dicta la Ley 779, sin beneficios a agresores y femicidas», indica el documento.
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«Exigimos que no se obligue a las mujeres a seguir mediando con sus agresores, porque la mediación incrementa el nivel de riesgo para sus vidas y alimenta la impunidad; que se apliquen las medidas cautelares y precautelares, así como el cumplimiento completo de las sentencias para los agresores», añade.
A su vez, la Red condenó el cuestionamiento y culpabilización hacia las mujeres y/o madres por los crímenes en contra de hijos e hijas.
Al 13 de septiembre, el observatorio de femicidio de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) registra 54 feminicidios. Entre el 2019 y el 2020, se reportan 17 niñas y adolescentes muertas por violencia de género. Las víctimas tenían entre cinco a 17 años.
«El gobierno sale con su campaña (de cadena perpetua), un circo más porque es burlarse de la situación de violencia que estamos viviendo las mujeres. Si ellos tuviesen una voluntad política, (aplicarían) la Ley 779», coincidió Martha Flores, de CCD.
«Lo que más ha hecho (el régimen) y nos ha puesto en peligro mayor a las mujeres, a las defensoras y a todos, es sacar más de 20 mil reos comunes, donde hay violadores, femicidas, de abusos sexuales y violencia, y esto le da más poder a este sistema machista», indicó.
