La dictadura de Daniel Ortega tomó como pretexto los dos femicidios de dos niñas que se registraron en Mulukukú y que generaron una alerta en el país por el incremento de la violencia en Nicaragua para proponer penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan esos delitos, que según Rosario Murillo, tipifican como «crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes».
La vocera del régimen dijo en su monólogo que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que modifiquen las leyes que sean pertinentes para luego enviar la propuesta a la Asamblea Nacional, donde tendría que aprobarse.
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La iniciativa del gobierno de turno ha sido rechazada por activistas del movimiento de mujeres del país. La defensora de derechos humanos María Teresa Blandón cree que esta nueva advertencia que será aprobada, porque la dictadura tiene control absoluto del Poder Judicial y del Parlamento, solo responde a una medida hipócrita, pues tilda al mismo régimen de ser el perpetrador de la violencia en la nación.
Blandón sostiene que la figura de la cadena perpetua ha enfrentado a la oposición mundial de organismos defensores de derechos humanos «porque es violatoria de la dignidad humana» y por tanto, la decisión la catalogan como improvisada, arbitraria y sumamente absurda para poder evadir la ola de denuncias que las feministas vienen señalando desde hace 13 años.
Rosario Murillo afiló nuevamente los colmillos contra la oposición de Nicaragua y aprovechándose para informar sobre el proyecto habitacional que la dictadura denomina Bismarck Martínez atacó a los opositores tildándolos de «hipócritas» y acusándoles de «autoproclamarse defensores de la democracia» y de ser quienes «martirizan, matan, asesinan e hipócritamente condenan sus mismos crímenes». La vicedictadora insiste que los grupos que adversan a su administración son los responsables de la muerte de Bismarck Martínez, a quien asesinaron en el contexto de la crisis sociopolítica de Nicaragua y al que ahora el régimen llama «héroe de la paz».
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La Policía orteguista entró con violencia a la casa de la mamá del exprisionero político Lenín Salasblanca y sacó con engaños al opositor. Durante la embestida, los uniformados agredieron a la madre, hermanas y sobrinos menores de edad de Salasblanca. Además, le robaron su motocicleta y lo montaron en la patrulla número 908, con siglas de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), según narró una de sus parientes.
En las fotografías de la detención se observa el momento en que efectivos de la DOEP lo arrastran hacia la patrulla. En días pasados, Salasblanca ha logrado transmitir en vídeos el constante asedio y persecución de la que es objeto por parte de agentes de la dictadura.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció en su actualización sobre la situación de Nicaragua que «no se ha observado progreso» que lleve a pensar que acabará la represión en el país. La entidad tampoco ve «muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica de abril de 2018», por el contrario, la ONU dio a conocer que en los últimos dos meses se reportaron 30 casos de amenazas e intimidaciones contra opositores y que además, ha habido una nueva oleada de ataques contra medios de comunicación independientes.
El miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) Ernesto Medina reconoció que la Coalición Nacional sigue entrampada y que por ello, no se han convertido en la alternativa que los nicaragüenses buscan para un cambio en el país. El catedrático aseguró que las marañas ideológicas, prejuicios, egos, desprecios y las exclusiones siguen jugando una mala pasada para la organización, por lo cual, llamó a los miembros de la Coalición a deponer sus propios intereses, apostar por la sinceridad y trabajar en conjunto para derrotar a la dictadura.
