La dictadura de Daniel Ortega se lanzó contra la empresa Nicavisión, S.A., entidad jurídica propietaria del canal 12 de la televisión nacional. El embargo es por la suma de 21 millones de córdobas (unos 608 mil dólares), según detalló, a través de un comunicado, la gerencia de este medio de comunicación.
Según el comunicado de la televisora, el embargo es por un «reparo arbitrario e ilegal» a declaraciones de impuestos de los años 2011-2012 y 2012-2013. La acción judicial fue dirigida contra los bienes del canal de televisión, pero además, el juez le cayó a «los bienes personales de nuestro administrador, Mariano Valle», dice parte de la nota publicada por la empresa televisiva.
El embargo estaría a cargo del juez Luden Quiróz, titular del Juzgado Tercero de Ejecución y Embargos, del municipio de Managua, quien se presentó al canal 12 la tarde del viernes 11 de septiembre, en compañía de la procurada financiera Marling Isabel Ramírez Laguna, quien acudió en representanción del Estado de Nicaragua.
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Esta embestida judicial de la dictadura contra el canal 12 no es nueva. El medio de comunicación ha sido blanco de presiones desde hace varios. En enero de 2019, esta televisora fue obligada a sacar de su parrilla los programas Esta Semana y Esta Noche, propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro.
A inicios del 2019, la Policía incluso se apostó en las afueras del canal 12 durante varios días para atemorizar a periodistas e invitados que acudían a las entrevistas en los estudios de esta canal de televisión.
El canal 12 es uno de los dos únicos medios de comunicación independientes que operan en Nicaragua. El otro es el canal 10, propiedad de la empresa Ratensa, y el de mayor audiencia y cobertura a nivel nacional, el cual también está bajo amenaza por otro reparo fiscal que supera los 110 millones de córdobas.
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El régimen de Ortega vuelve a apretar las tenazas contra los medios de comunicación, en un nuevo intento por apagar las voces disidentes. Después de la crisis sociopolítica de abril de 2018, el gobierno nicaragüense confiscó en su totalidad el canal 100% Noticias, canceló sus operaciones a través del ente regulador de las telecomunicaciones, Telcor, y encarceló a su director Miguel Mora y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, quienes fueron enjuiciados y mantenido bajo encierro y tortura durante seis meses, acusados de incitar el odio.
También confiscó el edificio donde funcionaban los medios Esta Semana, Esta Noche, Confidencial y Niú, todos del grupo de medios de Carlos Fernando Chamorro. Hasta la fecha tanto 100% Noticias como Confidencial continúa tomados por policías armados.
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En su embestida represiva, la dictadura también forzó al exilio al menos a 80 periodistas y mantiene amenaza de cárcel y muerte contra todos los comunicadores críticos del país.
El 21 de abril de 2018, justo al inicio de la rebelión de abril, fue asesinado a tiros el periodista Ángel Gahona López, reportero de Bluefields, en la Costa Caribe Sur, en el preciso momento en que cubría y transmitía en vivo una protesta violenta que fue disuelta a balazos por policías. El crimen sigue en la impunidad.
