Tres organizaciones periodísticas de Nicaragua salieron en defensa de la periodista y jefa de prensa de Radio La Costeñísima, de Bluefields, Kalúa Salazar y del ejercicio de la profesión, señalando que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está impulsando juicios contra los profesionales de las noticias para criminalizar este oficio y atemorizar a los comunicadores.
La Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), el Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua, y Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), emitieron cada uno un comunicado en el que denuncian y condenan el juicio que se le sigue a la periodista de La Costeñísima, por considerar esa acción judicial como una represalia contra el ejercicio critico de la profesión.
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“Los periodistas y medios de comunicación que integramos el Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua, denunciamos los más recientes ataques e intimidación y agresiones contra Radio La Costeñísima por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dice parte del comunicado del Foro.
Responsabilizan el régimen por cualquier daño que puedan sufrir en su integridad física y seguridad los miembros del equipo que trabaja en la emisora caribeña, así como las instalaciones físicas y sus equipos de transmisión.
En tanto, la APN expone en su comunicado oficial que rechaza todo tipo de ataque contra los hombres y mujeres de prensa a quienes la dictadura Ortega-Murillo les ha declarado la guerra.
“La Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), rechaza todo tipo de acoso que conlleve al enjuiciamiento contra los hombres y mujeres de prensa en el contexto actual que vive Nicaragua desde abril del 2018 producto de los ataques y asedios que realiza la Policía y miembros plenamente identificados con el gobierno”, dice la APN.
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Esa organización periodística también señala que las causas judiciales en contra del recién fallecido periodista y director de Radio La Costeñísima, Sergio León, y ahora contra la jefa de prensa de ese mismo medio de comunicación, Kalúa Salazar, y de otros comunicadores como David Quintana, evidencia la sumisión del sistema judicial al régimen orteguista y eso violenta el derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución del país.
Asimismo, PCIN, en su comunicado divulgado luego de la audiencia inicial contra Kalúa Salazar, denuncia ante la opinión pública, organismos de derechos humanos y periodistas nacionales e internacionales el acoso que sufren la jefa de prensa de Radio La Costeñísima y todo su equipo de trabajo por parte de efectivos de la Policía, tanto en las instalaciones de esta emisora, como en sus casas.“PCIN responsabiliza al régimen Ortega-Murillo y a sus fanáticos, por los daños que puedan resultar en la integridad física y psicológica de las personas que laboran en La Costeñísima (…). Es evidente el interés del partido de gobierno de querer apropiarse de La Costeñísima contra toda medida legal. Así lo demuestran sus fanáticos en las redes sociales, lo cual evidencia un patrón de ataques y la continua criminalización del ejercicio periodístico”, concluye el comunicado de PCIN.
