Con la propaganda de «reducir el costo de la tarifa eléctrica», la Asamblea Nacional aprobó el miércoles la reforma a la 532, Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables, enviada por el Ejecutivo con carácter de urgencia, con la que pretende lograr una renegociación de contrato con las generadoras.
La reforma es una «disposición transitoria» que busca que las empresas generadoras de energías renovables -con contratos de tres años máximo-, de manera voluntaria, bajen el precio a las distribuidoras, mediante la negociación de sus contratos con el Ministerio de Energía y Minas dentro de una banda de precios no mayor de 6,5 centavos de dólar por KWh; a cambio estarían recibiendo el beneficio de exoneración del Impuesto sobre la Renta (IR) y el pago mínimo definitivo del IR, por un periodo de cinco años adicionales.
A pesar que la reforma es celebrada por diputados sandinistas como un gran beneficio para los consumidores, todavía el pueblo continúa pagando uno de los precios promedio de energía más caros de la región.
«Los costos que se vierten sobre ellas (energías renovables) no son necesariamente lo que aportan la mayoría de participación al pliego tarifario. No necesariamente se involucraría un ahorro o un beneficio para el consumidor final, porque hay muchos elementos inmersos que la reforma no toca y son los que están propiciando el alto costo de la energía eléctrica», explicó el economista Maykell Marenco.
El consumidor paga el factor de potencia a las fuentes de energía geotérmicas y térmicas, el cual es un ingreso fijo, cuyo precio se encuentra entre 6 mil y 15 mil dólares mensuales por cada MWh (Megavatio-hora) por su capacidad instalada para generar energía. Aquí entran en juego las plantas térmicas de la Alba Generación.
A pesar que las plantas no se encuentran operando luego de las sanciones de Estados Unidos en 2019 contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), que posee el 52 por ciento de la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), el país continúa pagándoles.
«Esto lo paga el ciudadano de a pie, las familias, hogares nicaragüenses pagan esto, es decir, están pagando energía que no están consumiendo. Se está pagando a una generadora que no está produciendo, que no está operando», añadió Marenco.
En los casos de Albanisa y Alba Generación le fueron otorgados los precios por potencia más altos entre las generadoras térmicas.
Las reservas de estas generadoras- que es la diferencia entre la capacidad instalada y lo que despachan en energía eléctrica- llega hasta el 80 por ciento.
«Como ellas reciben un ingreso fijo por factor de potencia, almacenar o tener esta reserva energética, este exceso de producción les favorece porque van a recibir un ingreso fijo mayor», indicó el economista.
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En cuanto a la reforma que aprobó el legislativo, las empresas que decidan participar tienen que evaluar el costo/beneficio de la exoneración fiscal, dado que el carácter progresivo del IR va a permitir que el beneficio esperado dependa del volumen de facturación, lo que conlleva a que no todas las empresas estén interesadas, explicó Marenco.
Por el contrario, la reforma podría representar un «alivio» de costos para el monopolio de las distribuidoras Disnorte- Dissur, dado que presenta «vacíos» que deja a discrecionalidad de «Disnorte- Dissur» reducir el precio. «Es incierto el beneficio esperado. Máxime cuando se sabe que no hay voluntad política. Hay conflictos de intereses en la economía», señaló el economista.
Alba de Nicaragua S.A (Albanisa) fue creada como una empresa privada mixta en la que la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) tendría el 49 por ciento de las acciones y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el 52 por ciento, con el fin de controlar la distribución de petróleo enviado desde Venezuela.
Mediante Albanisa, el gobierno creó su conglomerado Albalinisa, Alba Generación, Alba Transporte, Alba Depósitos, Alba Equipos, Alba Forestal, Alba Caruna, y prometió continuar con Alba Proyectos (refinería El Supremo Sueño de Bolívar), Alba Eólica (instalación de aerogeneradoras), Alba Puertos (puertos de aguas profundas) y Alba Riego (proyecto de irrigación en la franja del Pacífico). El tesorero del Frente Sandinista (FSLN), Francisco López, era el vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic.
Su entrevistado se orina fuera del huacal, habla de todo y no de lo importante. Nada tiene que ver el “factor potencia”, la reforma no lo elimina, sigue vigente y pagándose. Debería decir que la reforma es UNA BURLA porque se refiere a las plantas renovables “con contratos de tres años máximo” y ¿cuál es esa empresa renovable con contratos de tres años máximo? NINGUNA. ¿Ustedes creen que si la reforma obligara a re-negociar el contrato con las empresas de renovables César Zamora (socio y cabildero internacional de la dictadura) no estaría pegando el grito al cielo. La reforma está dirigida a LAS EMPRESAS DE RENOVABLES NUEVAS, a las que las obligarán a re-negociar su contrato. Zamora y otros mafiosos del sector maniobraron para eso y están cagándose del chiste, porque ellos no bajarán su precio de venta de energía renovable y el pueblo tampoco verá esa rebaja de la tarifa.