Irinea Mejía Cruz, de 69 años, originaria del municipio de Cusmapa, del departamento de Madriz, murió por afectaciones de salud. La ciudadana denunció el ocho de noviembre 2011 que la Policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo asesinó a su esposo José Mercedes Torres Pérez y a sus dos hijos, Ariel y Elmer Torres Mejía, los cuales exigían comicios transparentes en un plantón del Partido Liberal Independiente (PLI) frente al Consejo Electoral Municipal para los comicios presidenciales de ese año.
70 diputados sandinistas cumplieron la orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reformaron la Constitución y establecieron la prisión perpetua.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien dio acompañamiento a Irinea Mejía, señaló que nunca se hizo una verdadera justicia, porque el crimen fue calificado como un homicidio y los criminales, los cuales eran oficiales de la Policía y trabajadores del Estado, recibieron la pena mínima de prisión de tres años de cárcel, pero jamás fueron trasladados a un sistema penitenciario, sino que estuvieron en la delegación policial de Madriz.
«Cenidh constató la masacre in situ, documentó el caso y acompañó a doña Irinea Mejía (q.e.p.d.) en todo el proceso judicial que favoreció a los hechores por ser servidores del FSLN», refirió el organismo luego de conocer el deceso de Mejía.
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Los nombres de los sujetos que cometieron el delito en contra de los familiares de Irinea Mejía son: Eusebio Cruz Montenegro, exfuncionario del Consejo Supremo Electoral, Elvin de Jesús López, exjefe policial, Mauro José Díaz Jiménez, expolicía, y Jesús Herrera Zepeda, exsecretario político del partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), los cuales, según la abogada Meyling Gutiérrez, del Cenidh, «estuvieron como en su casa, teniendo todas las comodidades».
Cenidh denuncia anomalías
En un comunicado emitido este cinco de septiembre, el Cenidh advirtió que este caso evidencia la falta de independencia de los poderes del Estado y una cultura de impunidad e irrespeto a los derechos humanos que persiste y recrudece a la fecha; «las irregularidades en el proceso fueron totales; investigaciones policiales viciadas».
Además, informaron que el artífice de las investigaciones que favorecieron a los asesinos de los familiares de Irinea Mejía fue el comisionado Ramón Avellán, actual subdirector de la Policía Nacional al servicio de la dictadura y uno de los principales operadores para la represión contra los nicaragüenses.
«Hubo una mala tipificación del delito llamándosele homicidio y no asesinato, los condenados nunca fueron llevados al Sistema Penitencio como lo exigió la orden judicial, por lo que cumplieron su pena en la policía de Somoto con sumos beneficios (celda única, derecho a teléfono, internet, libre movilización por todo el penal, etc).
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«La lucha de doña Irinea por alcanzar la justicia nunca claudicó, Cenidh le acompañó legalmente para que solicitara al Ministerio Público apelación de la sentencia, la que fue resuelta tres años después y que confirmó la aberración jurídica, pero no se procedió a hacer casación de la sentencia porque los hechores ya habían cumplido su condena», informó el Cenidh
Artículo 66 trató de comunicarse con uno de los sobrevivientes de la masacre del ocho de noviembre de 2011 para conocer detalles de la muerte de Irinea Mejía, pero no se logró conocer su versión debido a los problemas de conexión en Cusmapa.
