El Colectivo de Derechos humanos Nicaragua Nunca+ presentó ante la Relatoría para los Derechos de los Inmigrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su informe acerca de los obstáculos que la dictadura de Daniel Ortega está poniendo para que los nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica y Panamá puedan retornar al país. La decisión que los nicas en el extranjero han tomado se debe a la crisis económica y sanitaria que viven, debido a la pandemia del COVID-19.
En el informe, el Colectivo detalla las situaciones extremas que atravesaron decenas de nicaragüenses que recientemente se encontraban varados tanto en Panamá como en la frontera de Peñas Blancas, ya que el gobierno de Ortega les negaba la entrada y les exigía la prueba negativa del COVID-19. También denuncia que los ciudadanos estuvieron expuestos a un sinnúmero de situaciones precarias, siendo vulnerables a sufrir cualquier afectación y contagios del coronavirus.
«Muchas de estas personas han sido afectadas por la contracción de la economía en Costa Rica, perdiendo sus empleos y con ello, la posibilidad de seguir viviendo en este país, por lo que, pese a los riesgos y al desempleo en Nicaragua decidieron con muchas limitaciones económicas retornar a sus hogares y reintegrarse con sus familias. En similares circunstancias se encontraban nicaragüenses que vivían en Panamá, (…) tomando la decisión de retornar en un contexto de pandemia, cierre de fronteras y negativa del Estado de Nicaragua de prestarle la debida asistencia y protección consular, forzándolos a permanecer durante semanas en puestos fronterizos…».
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Otro de los atropellos que el Colectivo denunció ante la CIDH, fue el trato poco diplomático que el embajador de Nicaragua en Panamá le dio el 17 de julio a un grupo de nicaragüense que solicitaron ayuda para poder retornar al país. «Un grupo de nicaragüenses se comunicaron vía telefónica con el embajador de Nicaragua en Panamá, Marvin Ortega Rodríguez quien les contestó: “No tengo obligación de repatriarla. No se equivoque. Los vuelos de regreso usted tiene que comprarlos con Copa. Copa está cobrando 2,600 dólares, usted tiene para pagarlos, compra y se va. No existen vuelos humanitarios».
Odisea para entrar a Nicaragua
El colectivo de Derechos Humanos hizo énfasis en las violaciones atropellos del que fueron víctimas más de 500 nicaragüenses que estuvieron varados por semanas en Peñas Blanca, viviendo penurias debido a que la dictadura de Ortega no les permita el ingreso y que fue hasta finales de julio que con apoyo de la sociedad civil de Costa Rica se logró realizales la prueba del COVID-19 y así poder ingresar al país.
A partir del 18 de julio del corriente año, los nicaragüenses que salían de Costa Rica y esperaban realizar los trámites migratorios de ingreso en la frontera de Peñas Blancas en Nicaragua empezaron a tener impedimentos de ingreso, provocando que diariamente se sumaran más personas. Se estima que más de 500 connacionales se concentraron en dicha zona a la espera de respuesta por parte de las autoridades nicaragüenses. El Colectivo constató las graves condiciones en que se encontraban adultos y niños.
Ortega desestima sus obligaciones internacionales
En cuanto a la obligación que tiene el estado de Nicaragua para velar por la seguridad de sus conciudadanos que desean regresar su país, el Colectivo dijo que el régimen, al impedir el ingreso de los nacionales en tiempos de pandemia, acrecienta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, ya que han sido «sometidos a zozobras y angustias al estar detenidos en las fronteras o varados en alta mar durante meses, sin acceso a servicios básicos, higiénicos y alimenticios».
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Ante la actual situación que atraviesa Nicaragua y que Daniel Ortega continúa violentando los derechos constitucionales, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ exige al régimen suspender la aplicación de disposiciones legislativas, administrativas y toda práctica que lesione e impida el retorno seguro de los nicaragüenses «y en todo caso, cumpla con su deber de protección, facilitando la realización de este derecho».
«Exhortamos a los mecanismos internacionales de derechos humanos, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la Organización de Naciones Unidas, a fin de que tomen nota de la situación descrita en el presente informe y dirijan comunicaciones al Estado de Nicaragua, con el propósito de que se respeten los derechos humanos de los nicaragüenses», concluyó este organismo defensor, que debido al asedio y persecución, muchos de sus integrantes tuvieron que exiliarse en Costa Rica y trabajar desde esa nación.
