Cuatrocientos millones de dólares aprobó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19 a países de la región centroamericana.
Los fondos estarán disponibles a través de una facilidad de crédito del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica del BCIE.
La facilidad permitirá una asignación de 50 millones de dólares a cada país miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) conformado por Nicaragua, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
«El presidente ejecutivo del BCIE, doctor Dante Mossi, destacó que esta aprobación acompaña y permite a los países de la región centroamericana acceder a este insumo médico cuando ya se encuentre disponible e implementar acciones de inmunización a su población», señala el comunicado de la institución financiera.
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Sin hacer mención de Nicaragua- país que espera producir la vacuna rusa-, el presidente del BCIE destacó que tanto México como Argentina, dos socios extra regionales del BCIE, han firmado alianzas con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca para producir masivamente vacunas para el mercado latinoamericano, «lo cual permitirá un acceso oportuno y eficiente para todos los países de la región centroamericana».
Los 400 millones de dólares forman parte del Programa de Emergencia ante el COVID-19 del Banco regional, cuyos fondos ascienden a 2,360 millones de dólares.
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El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció, recientemente, la firma de préstamo con Nicaragua por 171.65 millones de dólares para financiar un proyecto habitacional, y otro millón de dólares para enfrentar la emergencia sanitaria, lo cual es criticado por economistas al considerar la discrecionalidad con la que el gobierno maneja los recursos.
El BCIE se ha erigido como el «salvavidas» de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de la crisis sociopolítica de abril de 2018. A raiz de la entrada en vigencia de la Ley Nica Act, en Estados Unidos, contra Nicaragua, instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han disminuido sus desembolsos y préstamos al gobierno de Managua, excepto en programas humanitarios, pero el BCIE mantiene casi intacto su plan de suministro de recursos frescos para el régimen Ortega.
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En lo que va del 2020, el BCIE ha desembolsado a Nicaragua más de 234 millones de dólares, de los cuales , 50 millones fueron aportados para el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes); 171.65 millones para el programa gubernamental de viviendas «solidarias»; un millón para la atención a la emergencia sanitaria; y 11.7 millones de dólares para un proyecto de carretera, que luego Nicaragua solicitó que le permitieran usarlo para la prevención del COVID-19.
Hasta ahora, el BCIE tampoco especifica cómo será la distribución y manejo de estos millones, ni tampoco ha informado sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas que deberá cumplir el gobierno nicaragüense. A diferencia del BID que ha dejado claro en el convenio que los fondos aportados deberán ser administrados por dos entidades de prestigio internacional, aunque los beneficiarios finales sean hospitales públicos del país.
