El pasado 17 de agosto de 2020, la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) admitió un recurso de amparo y de exhibición personal a favor del perseguido político de Ticuantepe, el profesor Juan Bautista Guevara Carballo. Guevara ha denunciado múltiples veces persecución, hostigamiento y amenazas de cárcel por parte de la Policía de la dictadura de Ortega, que desde que salió de la prisión, en junio de 2019, mediante la llamada Ley de Amnistía, con frecuencia ronda su vivienda tanto en patrullas policiales como en camionetas y motocicletas de civil.
La certificación del TAM fue firmada por los magistrados Noel Pereira Morice, Martha Lorena Quezada e Ingrid Lazo. Los funcionarios agregan en el documento que como parte del proceso pidieron un informe al jefe del Distrito V de la Policía, quien habría brindado un certificado en el que hace constar que “no existe orden de captura” en contra el profesor Guevara Carballo.
«En consecuencia, esta Sala Penal (…) resuelve ha lugar al recurso de exhibición personal por amenazas de detención ilegal a favor del ciudadano Juan Bautista Guevara, teniéndosele que respetar su libertad y seguridad personal mientras no exista orden de captura girada por autoridad competente», dice la certificación.
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Los magistrados del TAM que firmaron la certificación tienen “pedigree” político. El doctor Noel Pereira Morice es hijo del fallecido “cacique” liberal de Chinandega, el abogado arnoldista Noel Pereira Majano. En sus años como diputado, Pereira Majano (el padre del magistrado) fue uno de los más férreos defensores del caudillo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán.
La doctora Martha Quezada fue una connotada jueza que ascendió en el Poder Judicial y llegó a la magistratura de apelaciones, impulsada por el pacto Alemán Ortega, pero también tiene raíces liberales; “aunque ahora está ‘bandeada’ al sandinismo”, confió una fuente de los juzgados.
En tanto, la tercera magistrada firmante, la abogada y también exjueza Ingrid Lazo, está plenamente alineada con el partido Frente Sandinista de Liberación (FSLN). En esa tripleta está la muestra de que “el pacto sigue vivo”, opinó el exprocurador de la República, Alberto Novoa, un reconocido abogado penalista del país.
El doctor Novoa también considera que esa resolución del TAM “es una mampara” del Poder Judicial, controlado por la dictadura de Daniel Ortega para decirle a la comunidad internacional “que aquí hay Estado de Derecho, que la justicia funciona y que se respetan los derechos (de los ciudadanos)”.
Novoa, sin embargo fue categórico en afirmar que “todos los jueces y magistrados del Poder Judicial solo obedecen una orden, la orden de (Daniel) Ortega. Solo a él se le cuadran, o sea, la influencia de Alemán en esos tribunales es pura fachada. Ninguno de ellos, ninguno (repite) hace cosa distinta porque el poder emana de Ortega, ellos son fantoches, nada más”, insiste el exprocurador.
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En cambio, la dirigente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Tamara Dávila, opinó que, tomando en cuenta el origen arnoldista de estos magistrados, esa resolución “es un intento del PLC por dar algunos muestras, sobre todo porque yo conozco personalmente al profesor Juan Bautista, él es un gran líder liberal, es un profesor de Ticuantepe de mucho liderazgo liberal, él es liberal de cepa, un liberal auténtico, y creo que este puede ser un intento del PLC de mostrar gestos con sus propios liderazgos a quienes han tenido en el olvido”.”
“Yo creo están tratando de congraciarse con sus liderazgos, lavarse la cara con ellos también y acercarse de esa manera más a estos líderes, por que tampoco han estado cerca”, dijo Dávila.
El propio líder opositor Juan Bautista Guevara opinó que “el Tribunal de Apelaciones está controlado por el régimen. La guardia por el régimen. Todos son “compadre hablado”. Ellos son astutos y están jugando con los excarcelados y el pueblo de Nicaragua. (El documento) es un arma de doble filo para que uno se confíe (y si vuelve a manifestarse) apresarlos e inventar cualquier delito”, indicó Guevara.
Afirmó que “es como la Ley de Autoamnistía”, por lo que está agotando todas las vías legales, “pero ya sabemos que este régimen no respeta nada. El paso es para solicitar las medidas cautelares (ante la CIDH), aunque sabemos que igual no respetan, pero sí sentás un precendente ante la comunidad internacional”.
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“Nadie está seguro. Es una amenaza constante que va a acabar cuando haya un cambio de sistema, cuando haya justicia, libertad y democracia”, finalizó el exreo político, quien manifiesta padecer de problemas en la vista y dolores en el brazo, producto de las agresiones que recibió durante su detención en el 2018.
En tanto, el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Pablo Cuevas, valoró estas resoluciones a favor de los reos políticos como “papel mojado”. Por un lado, el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) da a lugar a los recursos de exhibición personal y de amparo a favor de los perseguidos políticos, y por el otro, el órgano policial y paramilitares continúan el asedio y hostigamiento, señala el defensor.
“Yo podría pensar que esto es juego de “el gato y el ratón” porque todos sabemos que los funcionarios públicos no actúan de apego a la Ley, no hay separación de poderes. Podrían decir los honorables magistrados “voy a decretar el recurso” porque de todos modos la policía y fuerzas paramilitares no van hacer caso. Al final el ciudadano está desprotegido, vulnerable” señaló Cuevas.
El abogado de la CPDH indicó que de los 250 casos judiciales que acompaña, un 10% ha gestionado recurso de exhibición personal y/o amparo, de los cuales siete de cada diez casos son admitidos. Una práctica constante que, sin embargo quedan sin efecto, faltando a lo establecido en el Código Penal. “No es asunto de lo que diga la Ley, sino es un asunto de actitud, de voluntad y al Ejecutivo no le interesa la Ley, no siente ni el más mínimo respeto a la Ley” añadió.
Según Cuevas, una vez agotados todos los recursos legales en el país, el caso es denunciado ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una dependencia de la Organización de Estados Americanos, OEA.
“Aunque sabemos que no vamos a tener resultados inmediatos (con estas resoluciones), podemos desenmascararlos. Nosotros estamos pidiendo medidas de protección que decrete la CIDH, pero logramos que se decretara la exhibición personal y si las autoridades siguen asediando, tenemos argumentos para informar a la CIDH, de que uno de los órganos del Estado trató de proteger, en este caso el Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo y policial, no”, agregó el defensor de presos políticos.
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Cuevas excusó que “en muchas ocasiones, el TAM trata de hacer su trabajo, pero también el mismo Poder Judicial se encuentra con la borrachera del Poder Ejecutivo”. Además denunció que en las unidades policiales y distritales le brindan información incompleta de sus defendidos; en El Chipote y en las oficinas del sistema penitenciario “jamás” lo reciben.
Ante la arbitrariedad, el abogado comentó que los exreos políticos se ven obligados a portar una copia de la certificación del Tribunal de Apelaciones para presentarla ante cualquier acto ilegal de la Policía, sin embargo en muchos casos, las autoridades del órgano represor les dicen: “Eso no te sirve de nada”.
