La reciente arremetida contra periodistas y medios de comunicación que está practicando en gobierno, utilizando a sus simpatizantes y al Poder Judicial, no es una acción circunstancial ni casual, es parte de una estrategia previamente diseñada que tiene como fin, no solo censuras a los periodistas y medios de comunicación independientes sino clausurar todo espacio informativo que sea crítico al régimen, según valoró Guillermo Medrano, investigador en temas de comunicación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Durante una entrevista en vivo concedida a Articulo 66, a propósito de las nuevas acciones del régimen Ortega-Murillo contra la prensa independiente, Medrano aseguró que, de acuerdo con los hechos documentados por la Fundación Chamorro, entre abril del 2018 y el 31 de julio del 2020, se han registrado 2192 casos de violación a la libertad de expresión, manifestados en diferentes formas y gravedad y que a partir de julio del presente año se está registrando una nueva arremetida que no es casual sino parte de una estrategia preconcebida.
“Esta nueva arremetida del régimen (Ortega Murillo), contra los periodistas y medios de comunicación, pone de manifiesto el verdadero objetivo del Gobierno. Desde que elaboró su estrategia (de comunicación) en el 2007, no solo apostó por la censura sino también por la clausura de los medios de comunicación independientes para que el pueblo caiga en una especie de espejismo comunicacional y solo se escuche la versión oficial y los monólogos (de Murillo) y eso es lo que está haciendo”, dijo el especialista de la Fundación Violeta Barrios.
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Explicó además que, frente a esta estrategia gubernamental, están los periodistas y medios de comunicación independientes que investigan, documentan y denuncian las violaciones de derechos humanos y eso incomoda al régimen, que ha procedido a una “acción peligrosa” que es judicializar el ejercicio periodístico. Solo este año la Fundación Violeta Barrios registra cuatro casos de periodistas que han sido llevados a los juzgados acusados de injurias o calumnias en hechos relacionados con el ejercicio profesional de comunicación.
Según Medrano, la Fundación Violeta Barrios ha recomendado que ese tipo de conflictos se ventile por la vía civil y se tome en cuanta que la Constitución Política de Nicaragua en su Artículo 68 establece el derecho a la réplica y eso ayudaría a resolver ese tipo de problemas. No obstante, según Medrano, muy por el contrario, lo que las acciones del régimen han demostrado es que el objetivo es continuar con el asedio, intimidación y ataques con el objetivo de callar a las voces que le critican.

“El objetivo (con los juicios contra periodistas) es mantener una espada blandiendo, amenazante sombre los medios de comunicación y periodistas independientes y estigmatizarlos”, dijo el analista en temas de comunicación y derechos humanos.
Alertó sobre el repunte de las violaciones a la libertad de prensa de los últimos dos meses, señalando que solo en el mes de julio documentaron 30 ataques directos a periodistas o medios de comunicación que constituyen violaciones a la libertad e expresión.
En esa arremetida del régimen contra la libertad de expresión se echan a andar los procesos legales promovidos por personas simpatizantes del partido de gobierno en contra periodistas independientes. Los casos más recientes son el del comunicador y director del Boletín Ecológico David Quintana y el de la jefa de prensa de radio La Costeñísima, Kalúa Salazar.
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Por su parte el periodista Guillermo Cortés Domíguez cree que frente a los ataques del régimen contra medios de comunicación y periodistas, los comunicadores deben ser más críticos, más profesionales y más objetivos.
“El periodismo independiente debe elevar la parada al régimen, debe buscar formas de defensa y resistencia. Debe ser más crítico y además desarrollar nuestro trabajo de forma impecable, aunque no es suficiente porque el régimen no necesita pretextos para reprimir, si quiere reprimir lo hace, así como esta acusando a los presos políticos de narcotraficantes, así puede pasar con los periodistas (independientes)”, advirtió el profesional de la comunicación.

Abordando el tema de los juicios en contra profesionales de la información, la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), en un comunicado emitido recientemente, en poyo a la periodista Kalúa Salazar, alertó sobre la “criminalización del ejercicio profesional”.
“Denunciamos la judicialización de los periodistas, lo cual evidencia un patrón de ataques y la continua criminalización del ejercicio periodístico, encaminada a dañar la imagen pública de periodistas, atribuyéndoles actos ilícitos”, dice parte del comunicado.
También la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) y el Foro de la Prensa Independiente den Nicaragua se pronunciaron en apoyo de la jefa de prensa de La Costeñísima y condenaron las acciones de violación a la libertad de de prensa que ejecuta el régimen Ortega-Murillo con mayor intensidad en los últimos meses.