El informe preliminar de datos sobre pruebas de COVID-19 en Nicaragua, presentada por la Unidad Nacional, arrojó que el gobierno de Daniel Ortega a través del Ministerio de Salud (Minsa) ha realizado desde el 28 de febrero al 24 de julio, un total de 17,284 pruebas de detección de Covid-19, de las cuales 9,683 dieron positivas.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
El estudio lo realizó un grupo de médicos en el exterior, entre ellos el epidemiólogo Álvaro Ramírez, tras una filtración que publicó la organización “Anonymous”. El especialista detalló que, de acuerdo a la información obtenida, se entregará un informe a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que valide esta cifra.
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El gerente general del Instituto Mechnikov en Nicaragua, Stanislav Uiba, en una entrevista con la agencia rusa Sputnik Mundo, afirmó que en el país se empezará a producir la vacuna rusa contra el COVID-19, a finales de 2020.
La producción ha sido anunciada por la vicepresidenta Rosario Murillo quién apuesta por distribuirlas en la región de América Latina y el Caribe, aunque el gerente de la planta reconoce que para ello se amerita de una tecnología que agilice la producción masiva en plazos cortos. La vacuna rusa se registró el 11 de agosto como el primer fármaco contra el coronavirus, que fue dado a conocer por el presidente Vladimir Putin.
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El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, durante el acto de conmemoración del 41 aniversario, del cuerpo médico militar del Ejército de Nicaragua, reconoció el fallecimiento de médicos en el país a causa del COVID-19. Aunque Ortega no precisó las cifras, el Observatorio Ciudadano registra 104 víctimas en el personal de salud.
A cinco meses de la presencia del virus en el país, Ortega finalmente admitió que existe una presión y desafío frente a una pandemia que tiene un impacto totalmente global y que ha provocado dolencias y decesos. «Este virus sembró el pánico», afirmó el mandatario.
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La jueza orteguista Deyanira Traña, del Juzgado Penal Local de Bluefields, admitió la acusación presentada la mañana de este miércoles, 19 de agosto, por la Fiscalía contra la periodista y jefa de prensa de radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, procesada por el presunto delito de injurias y calumnias. A la salida del Complejo Judicial, la defensa de la comunicadora manifestó que la acusación no reunía los requisitos para elevar la causa a juicio oral y público.
La continuación del proceso fue programado para el próximo 23 de septiembre. La parte acusadora, que son los tres trabajadores de la Alcaldía del municipio de El Rama, pidieron a la judicial que encarcelara a la periodista, o aplicara alguna medida cautelar, petición que no fue aceptada.
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En ese sentido, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, calificó como un “ataque al derecho humano de la libertad de expresión”, el juicio que se le sigue a la jefa de prensa de radio La Costeñísima, y señaló que desde su organismo están solicitando medidas cautelares ante la CIDH. Por su parte, Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, considera que la intención del régimen es continuar sembrando el terror en toda la población nicaragüense y particularmente contra el periodismo nacional.
