El gremio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) se pronunció ante la demanda por injurias y calumnias que tres trabajadoras de la Alcaldía orteguista de El Rama interpusieron en contra de la periodista y jefe de prensa de Radio La Costeñísima, en Bluefields, Kalúa Salazar.
PCIN, en su pronunciamiento, manifiesta su preocupación de que «este caso sea instrumentalizado para continuar la campaña de asedio y persecución política en contra de Radio La Costeñísima, la cual se ha intensificado en los últimos meses». Ante ello el gremio de comunicadores expresa su solidaridad con Salazar y asegura que la acompañará en todo el proceso.
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A la vez, remarca que el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que los nicaragüenses tienen «derecho de acceso a los medios de comunicación social y al ejercicio de aclaración o réplica cuando se sientan afectados en su honor, reputación e imagen por la difusión de contenido informativo. Tenemos la certeza que en Radio La Costeñísima hay micrófono abierto para hacer uso de este derecho».
La organización periodística recuerda que el mecanismo de demanda por injurias y calumnias también lo realizaron en contra del periodista fallecido y director de la emisora, Sergio León. La gremial exige «el cese de las agresiones, vigilancia, hostigamientos, persecuciones y amenazas sistemáticas contra Radio La Costeñísima y su personal, que pretenden silenciar a esta emisora. PCIN no descansará en mantener la denuncia pública nacional e internacionalmente y seguirá documentando todas estas agresiones».
Por su parte, Julio López, directivo de PCIN, manifestó que «estos casos de denuncias y calumnias, solo son un elemento de la campaña de persecución contra la emisora, conocemos la vigilancia contaste por parte de la Policía del régimen (…) es una campaña de persecución política en contra de la radio La Costeñísima». Y añadió que la comunicadora debería de renunciar a la abogada de oficio que el Poder Judicial le ha asignado.
La denuncia con fecha, siete de agosto, la lleva el abogado Denis José Báez Sevilla, en representación de las ciudadanas Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruíz y Cinia Griselda Centeno, a quienes Salazar identifica como colectoras de la comuna de El Rama. Las trabajadoras orteguistas alegan ser «víctimas del delito de calumnia, que les ha afectado en la honra, moral y psicológicamente» tras la publicación de la nota «Se destapa corrupción en la Alcaldía del Municipio El Rama», el cuatro de agosto, en la que el medio de comunicación afirma que las ciudadanas de la comuna orteguista desfalcaron 100 mil córdobas.
Periodista ya fue notificada y citada para la audiencia inicial
Salazar informó que a las 9:15 de la mañana de este miércoles, 12 de agosto, le llegó la citatoria por parte del Poder Judicial para que se presente el viernes, 14 de agosto, a la audiencia inicial y además en el documento ya le nombraron una abogada defensora con identificada como Marisol Cuadra Tablada para que la represente.
Guillermo Medrano, coordinador de comunicación de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, mencionó que la demanda es parte de la «escalada de agresiones, amenazas, ataques y persecución a los hombres y mujeres de prensa (…) esto es una escalada represiva en contra de los periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua». La Fundación Chamorro, de enero a julio de 2020, ha documentado 213 casos de violaciones a la libertad de prensa.
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Medrano aseveró que «es una acción en contra de los periodistas y de la radio La Costeñísima, recordamos y condenamos todo el calvario que le tocó vivir a Sergio León (q.e.p.d) y a Eddy Monterrey, aún teniendo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes fueron y son víctimas de acoso». Medrano concluyó que es necesario «despenalizar las injurias y calumnias, para ventilarlas por la vía civil que es menos perniciosa para el ejercicio de la libertad de prensa».
