Ante la negativa de la dictadura de Daniel Ortega de permitir el ingreso de más de 500 nicaragüenses varados desde hace 11 días en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, debido a que no presentan la prueba negativa de COVID-19, el Gobierno de Costa Rica delegó al ministro de Seguridad Michael Soto y a la directora de Migración y Extranjería Raquel Vargas para constatar in situ la situación en las que se encuentran los ciudadanos.
Martínez, quien sirvió como testigo facilitador para lograr la unidad, denunció que «ambos (partidos) actuaron en contra de los nicaragüenses que quieren un cambio de sistema, traicionaron a sus votantes, desoyeron las peticiones de las Madres de Abril, la de los presos políticos» y claramente culpó a CxL y al PRD por no haber logrado ir en un solo bloque.
Después del recorrido de este jueves, 30 de julio, las autoridades ticas informaron que a partir de este viernes, 31 de julio iniciarán a realizar la prueba de coronavirus a todos los nicaragüenses que se encuentran impedidos de entrar a su propio territorio. Los pobladores deberán esperar 48 horas para poder tener los resultados de su test. Según Raquel Vargas, ministra de Migración y Extranjería de Costa Rica, esto se logró con el apoyo de la sociedad civil y a un hospital privado que las realizará.
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“Hay tres organizaciones civiles que acordaron con una clínica privada realizar las pruebas a los nicaragüenses varados en Peñas Blancas. El hospital podrá instalarse en la zona fronteriza a partir de mañana. Luego las personas tendrán sus resultados para poder avanzar y llegar seguros hasta sus casas”. Tanto Vargas como el ministro de Seguridad de Costa Rica, Michel Soto, recalcaron que son Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las que pagarán las pruebas, ya que el gobierno tico no puede hacerlas a través de su sistema de salud pública.
En cuanto al número exacto de compatriotas varados en Peñas Blancas, el ministro Soto dijo desconocer el número exacto, pero informó que en la zona de Costa Rica contabilizan al menos 200 nicaragüenses.
Costa Rica también exige presentar prueba negativa de COVID-19
Raquel Vargas informó que a partir de la resolución de Nicaragua de exigir la prueba negativa a sus conciudadanos para poder ingresar al país, el gobierno tico también pedirá lo mismo. “Costa Rica también tiene sus alineamientos, porque los que quieran venir a Costa Rica deben de presentar la prueba negativa a COVID-19“.También, la ministra llamó a no falsificar las pruebas para evitar acciones penales.
Vargas recordó que las fronteras continúan cerradas. “No hay ingreso de ningún país por las fronteras terrestres, solamente pueden entrar personas costarricenses y una vez adentro se les orientará tomar medidas responsables para cuidar su salud”.
Exigen a la dictadura respetar los derechos humanos
Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, con sede en Costa Rica, recalcó que el único responsable de cuidar la vida y garantizar la seguridad de sus connacionales es el Gobierno de Daniel Ortega. “Todos los nicaragüenses varados están siendo sometidos a procedimientos arbitrarios y crueles por parte de las autoridades nicaragüenses es por eso que se le exige a este régimen respetar los derechos humanos”, expresó Gonzalo Carrión, directivo de ese organismo.
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También, Juan Carlos Arce Campos, miembros de ese colectivo, reveló que tienen conocimiento que el miércoles, 29 de julio, al menos 30 personas lograron pasar por puntos ciegos, pero aún no se sabe la situación en la que se encuentran. Además, condenó el hecho que las autoridades nicaragüenses les niegan el derecho a la salud a las personas que se han descompensado debido a las situaciones precarias en las que se encuentran. “Habían dos mujeres embarazadas que estaban mal de salud, fue duro para ellas, porque primero las hicieron sufrir al no atenderlas, hasta que estuvieron en estado grave se logró por presión que fueran atendidas”.
“Esperemos que después que les hagan las pruebas y salgan sanos, sigan seguros hacia sus casas.”, concluyó el ministro de Seguridad, Michael Soto. El régimen de Daniel Ortega está cobrando 150 dólares por cada prueba, lo que han considerado un negocio para la dictadura, que no rinde cuentas sobre las pruebas que ha recibido como donación.
