Nuevamente los políticos estadounidenses vuelven a la carga en contra de la dictadura de Daniel Ortega. Catorce senadores y congresistas enviaron una carta al presidente de Estados Unidos Donald Trump, solicitándole que investigue y ponga en la lista negra de la Ley Magnitsky a los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Laureano Ortega, Juan Carlos Ortega y al presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras. Igualmente piden sancionar a la Ministra de Salud, Sonia Castro.
Urgí a #POTUS q investigue a Sonia Castro, Ministra de Salud bajo el régimen d #Ortega, por negar la muy necesaria atención médica a los manifestantes en #Nicaragua y por usar ambulancias para transferir armas 2/5
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) 24 de agosto de 2018
La carta enviada al presidente Trump, que pide poner en la «exclusiva» lista a estos otros funcionarios y familiares del tirano, solicita a la Administración estadounidense revisar si estos sujetos cumplen con los criterios para ser incluido en la lista de violadores de derechos humanos, delincuentes y corruptos del mundo.
«Le solicitamos que determine si los ciudadanos nicaragüenses Sonia Castro, Laureano Ortega Murillo, Juan Carlos Ortega Murillo y Gustavo Porras cumplen los criterios para rendir cuentas bajo la Ley Global Magnitsky».
En dicha carta los legisladores señalan que los hermanos Ortega-Murillo son corruptos y violadores de derechos humanos. Laureano es señalado por «sus actos de corrupción y por su flagrante desprecio a los derechos humanos». En tanto, Juan Carlos, es señalado por la adquisición de medios de comunicación con el dinero de los nicaragüenses y con los fondos provenientes de la cooperación venezolana. El documento se refiere específicamente a la compra turbia del canal 8 de televisió.
La justificación de los funcionarios norteamericanos también señala por corrupción a Juan Carlos Ortega por el pago de 400 mil dólares extraídos a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) para la producción de la fracasada serie de televisión «Drunk Wedding». El documento menciona que el Estado habría pagado los 400 mil dólares para lograr que Juan Carlos fuera contratado para el rodaje erótico.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras es señalado de organizar la represión en contra de los manifestantes en Nicaragua. Lo mencionan como el jefe del Frente Nacional de los Trabajadores, una organización gremial empleada por Porras para obligar a los empleados del Estado a participar en las movilizaciones para respaldar a Ortega. Según el texto de la solicitud bipartidista enviada a Trump, Porras es el responsable por el ataque armado contra la marcha del 30 de mayo que fue brutalmente reprimida en la Avenida Universitaria y otras ciudades del país. Producto de esos ataques violentos. «La represión de la policía y esos grupos de choque dejó 15 muertos y cerca de 200 heridos en las ciudades de Managua, Estelí y Masaya», dice la carta de solicitud.
Mi carta tambien insta Admin a investigar a Juan Carlos Ortega Murillo p/ su uso inapropiado d fondos d #Nicaragua y su parte n silenciar medios independientes. Mientras el pueblo sufre bajo régimen d #Ortega, Juan Carlos y Laureano continúan explotando recursos nicaragüenses 4/5
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) 24 de agosto de 2018
A porra también lo ligan como colaborador de Ortega para la selección de su gabinete, incluyendo la designación del presidente del INSS, el cual lo hace responsable del «déficit y la mala administración» de dicha institución, que ahora el orteguismo quiere hacer pagar a los asegurados y pensionados.
En la justificación para pedir la sanción contra la ministra Sonia Castro, los funcionarios estadounidenses la señalan ser la responsable de negar la atención médica a los heridos por la policía y paramilitares durante las protestas.
Castro también es la ejecutora de acciones represivas y despidos contra decenas de médicos a quienes han corrido de los hospitales públicos por participar en marchas cívicas y atender a heridos de la movilización.
Los firmantes
Los firmantes de la nueva petición son los senadores Marco Rubio y Bill Nelson y los congresistas Eliot Engel, Paul Cook, Albio Sires, Mario Diaz-Balart, Debbie Wasserman Schultz, Carlos Curbelo, y Michael Conaway, Ann Warner, Robin Kelly, Steve Chabot, Tedd Budd, todos encabezados por Ileana Ross-Lehtinen.
Por último, me comuniqué c Admin p/ q investigue a Gustavo Porras, Presidente d Asamblea Nacional, por movilizar actores violentos contra los manifestantes pacíficos. Y p/ su comité falso p/ investigar las muertes d manifestantes. Los #nicaraguanses merecen justicia verdadera 5/5
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) 24 de agosto de 2018
Esta no es la primera vez que congresistas y senadores estadounidense se ponen de acuerdo para solicitar sanciones en contra de funcionarios corruptos ligados a la dictadura de Daniel Ortega. El año pasado hicieron lo mismo con el expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes. El entonces titular del Poder Electoral fue sancionado en diciembre de 2017, siendo el primer funcionario orteguistas en caer en la lista negra, que le declara muerte financiera al que le llega.
Después de Rivas, le siguieron el tesorero del Frente Sandinista y presidente de Albanisa, Francisco López, el recientemente nombrado primer comisionado de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
De ser incluidos estos funcionarios en la lista negra, Nicaragua se convertiría en el país latinoamericano con más personajes corruptos y violadores de derechos humanos sancionados con la Ley Global Magnitsky Act.
