El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, aprobó este viernes, 19 de junio, una resolución en la que muestra su preocupación por la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018 y las violaciones a los derechos humanos que persiste contra los nicaragüenses.
La resolución fue respaldada con 24 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones, en la que dicho organismo llama al régimen a detener los abusos y respetar las libertades públicas en el país. Además destaca la preocupación «por la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua contra la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios y religiosos, los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación».
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Tras darse esta medida, políticos de la oposición y organismos internacionales consideran que este es un paso más para que las víctimas de este régimen encuentren justicia. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica dice que esta resolución tiene «un peso muy importante» a la hora que se pueda enjuiciar a funcionarios violadores de derechos humanos.
Por su parte, el exdiputado José Pallais y también miembro de la Alianza Cívica dice enfáticamente que con esta resolución se confirma que «el régimen de Nicaragua ya topó la paciencia internacional» y se evidencia que el dictador cada vez está más solo».
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El exreo político Harvin Lesage a través de su cuenta de Facebook denunció que personas desconocidas afines al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo rafaguearon la vivienda de sus padres, aun sabiendo que ellos se encontraban dentro.
Lesage actualmente se encuentra exiliado en Estados Unidos y denunció este suceso a través de su red social, donde expresó que evidentemente intentaron asesinar a sus padres y recalcó que ante este hecho interpondrá una denuncia ante organismos nacionales e internacionales. En las puertas de la vivienda quedaron las marcas de los casquillos de balas. El opositor atribuyó este atentado al Gobierno de Nicaragua y la Policía orteguista.
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La organización Católicas por el Derecho A Decidir, durante los primeros seis meses de 2020, ha registrado un total de 34 femicidios, entre estas, cinco niñas menores. El más reciente caso es el de la jovencita de 11 años que fue violada y asesinada en La Libertad, en el departamento de Chontales.
Sus agresores son supuestamente dos trabajadores del circo mexicano “Zuary” que se encontraban como parte de su gira en ese municipio. Según reportes de medios locales, el cuerpo de la menor presentaba golpes y fue encontrado a eso de las ocho de la mañana, del 18 de junio por un trabajador de la Alcaldía. En ese momento, se calcula que la niña tenía aproximadamente unas nueve horas de haber fallecido.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al régimen de Daniel Ortega garantizar el retorno seguro de unos 500 trabajadores nicaragüenses que se encuentran varados en territorios del Caribe y Centroamérica en precarias condiciones económicas. El organismo aseguró que «aunque el Gobierno Ortega Murillo ha permitido el ingreso de 93 connacionales, el Estado no explicó hasta el momento por qué estas personas varadas no pueden retornar a su país, manteniéndolos así en una incertidumbre que lleva tres meses».
El 18 de junio, un grupo de nicaragüenses que se encuentran varados en las Islas Caimán difundieron un vídeo en las redes sociales con el fin de que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo atienda las solicitudes de las autoridades gubernamentales de las Islas Caimán y les permitan retornar a su país.
