La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a dos años de su visita de trabajo a Nicaragua, condena el incumplimiento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las recomendaciones formuladas por este organismo.
En su Informe de país señala como los principales atropellos las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua e insta al Estado a implementarlas. Por ello, les advierte que continuará «monitoreando y documentando los casos de violaciones de derechos humanos en Nicaragua».
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A 24 meses de su visita, el organismo demanda a la dictadura orteguista cesar de inmediato la represión, respetar y garantizar el goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Además, le exige garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que se están ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión.
Este 17 de mayo, el organismo internacional resalta que durante su visita al país constató una severa represión estatal hacia la población civil que protestaba en contra del régimen, caracterizada por el uso excesivo y letal de la fuerza policial; el despliegue represivo de las fuerzas parapoliciales o de civiles con aquiescencia y colaboración de las autoridades estatales.
???A 2 años de su visita a #Nicaragua, la @CIDH advierte y condena el incumplimiento de sus recomendaciones y llama urgentemente al Estado a implementarlas. #Nicaragua2años #MESENI #CIDH
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— CIDH – IACHR (@CIDH) May 17, 2020
Por otro lado, remarca la estigmatización, intimidación, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes y manifestantes, entre otros y condenan la ausencia de administración de justicia y la censura directa e indirecta a la prensa.
El organismo también resalta que hace dos años se instaló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), encargado de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el organismo. Debido a ese monitoreo, la Comisión recalca que en Nicaragua persisten los «patrones represivos de ataque a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia, incluyendo la protesta social; el ataque sistemático a la libertad de expresión y prensa; la estigmatización y persecución de defensoras y defensores de derechos humanos; y el despliegue de grupos parapoliciales y otros contingentes civiles afines al Gobierno para perseguir y atacar a opositores y manifestantes».
Igualmente, destacan que los nicaragüenses viven en un contexto de impunidad estructural debido al «debilitamiento de las instituciones públicas a través de la concentración del Poder Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público y; adicionalmente, de impedimento del escrutinio internacional en terreno».
El organismo añadió que «desde el 2019 a la fecha, la represión estatal ha sido dirigida contra nuevas formas de protesta practicadas por la población, como piquetes exprés, breves manifestaciones en lugares privados y celebraciones religiosas, entre otras».
Obstrucción de la labor periodística
La CIDH también destacó que sigue un patrón sistemático de medidas y acciones represivas para restringir la libertad de prensa e impedir el ejercicio del periodismo independiente en el país que ha sido ampliamente documentado por el MESENI.
«Persiste el hostigamiento, vigilancia y agresiones contra los medios independientes en todo el país, así como contra sus periodistas y trabajadores. Más de 90 periodistas o personas trabajadoras de la prensa han debido partir al exilio debido a la represión estatal», señala parte del informe.
Para el organismo, estos atropellos a la prensa independiente evidencian que «el Estado no ha cumplido con la recomendación de la Comisión de garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión».
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Finalmente, la CIDH, en el contexto de la pandemia global por COVID-19, urge la adopción de las medidas adecuadas debido a que la situación de derechos humanos en el país es caracterizada por la falta de acceso a la información pública y el desprestigio de las autoridades de gobierno, debido a la impunidad y la represión, lo que afecta gravemente la capacidad del Estado para enfrentar las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia.
Si ya se sabe que todo el aparato estatal está al servicio del Régimen asesino y criminal de lesa humanidad, porque no sancionan a esos aparatos represores y ejecutores de los crimenes de lesa humanidad. Basta de tantos palos tibios y no permitir más arbitrariedades de estos asesinos criminales mafiosos gánsteres. Sanciones al ejército asesino y criminal, CSJ, AN, Fiscalía. SANCIONES YA!!! A TODOS ESTOS ÓRGANOS EN PLENO!!!
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